La jueza Angélica Sánchez Hernández fue vinculada a proceso por el juez de control para ser investigada por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia, cometidos en agravio de la fe pública y el servicio público, informó este miércoles la Fiscalía General de Veracruz.
El juez de control en Veracruz ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada, dentro del proceso penal instaurado en su contra, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía estatal.
El pasado 17 de junio el juez de control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año en contra de la impartidora de justicia, quien fue detenida la mañana del viernes 16 de junio por elementos de la Guardia Nacional en el hotel donde se hospedaba, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio de la administración de justicia, son derivados de diversas acciones que presuntamente realizó la vinculada a proceso en un cuadernillo de amparo, donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel “N”; sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondían el quejoso ni la materia, afirmó la fiscalía.
Según la fiscalía, no existe registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública.
La carpeta de investigación respectiva se inició por denuncia interpuesta por el Poder Judicial de Veracruz en contra de la ahora vinculada, al haber realizado una certificación de hechos que presuntamente no son ciertos y dando fe de otros que no le podían constar, ya que se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso a aquel en el que se encontraba la citada juzgadora.
Por cuanto hace a la probable comisión del delito de tráfico de influencia, aprovechándose de la comisión para conocer de un asunto en particular, realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al Cefereso de Coahuila, gestionando la liberación de una persona privada de su libertad, acto para el cual no estaba facultada; “presuntamente amenazando y presionando para que se cumpliera su resolución”, dice el comunicado.
El Instituto de la Defensoría Pública informó que el juez que llevó la audiencia no permitió que la acusada fuera representada por sus abogados.
Además, declaró la audiencia como privada, lo que no permitió la presencia de medios de comunicación ni del Alto Comisionado de Naciones Unidas que solicitó observar el proceso.
En una interpretación restrictiva del derecho a una defensa adecuada, el juez de control determinó que la audiencia sería privada en la sala de juicios orales de Pacho Viejo, Veracruz, restringiendo el principio de publicidad del proceso penal.
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