La diputada del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruíz, propuso despenalizar el aborto en Puebla, así como que el Estado proporcione de manera gratuita servicios de interrupción legal del embarazo.
Las iniciativas presentadas tienen como finalidad modificar el tipo penal de aborto, a fin de que no se criminalice de manera absoluta, sino que se permita durante las primeras 14 semanas de embarazo.
Esto debido a que el Código Penal del Estado aún se castiga con prisión el aborto en la entidad, a pesar de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2021 que declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo de manera absoluta por considerar que vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir.
Ante esto, la iniciativa propone se reformar la Ley Estatal de Salud, así como los artículos 339, 340, 341, 342 y 343 del Código Penal, con el fin de despenalizar la práctica.
Igualmente, se propone que el Gobierno de Puebla garantice el acceso a la interrupción del embarazo de manera gratuita.
Durante la Sesión Pública Ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Mónica Silva detalló que la medida busca que las mujeres “no se vean obligadas a buscar procedimientos riesgosos”, como abortos clandestinos.
“La salud sexual y reproductiva de las mujeres entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, procrear y la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo cuándo y con qué frecuencia”, expresó.
“Se regula la interrupción del embarazo en la ley de salud a fin de que sea de forma gratuita y expedita, en condiciones de calidad, de privacidad, con un trato digno, con confidencialidad y autonomía, de la voluntad, fortaleciendo la educación sexual, el acceso y asesoría de planificación familiar, la garantía de interrumpir su embarazo sin discriminación”, explicó.
La legisladora apuntó que con su propuesta se busca “garantizar el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes”. Asimismo, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las mujeres que no pueden acceder a dicho derecho y recordó que el estado es laico, por lo que consideraciones religiosas no deberían influir en el tema.
“No podemos dejar que prevalezcan otras ideologías la de la protección de sus derechos humanos”, dijo.
La iniciativa, que fue respaldada por toda la bancada del PT, así como por más de una decena de diputados, fue turnada a las comisiones unidas de preocupación y administración de justicia y a la de salud para su estudio y resolución.
Actualmente, el Artículo 340 del Código Penal del Estado establece una pena de uno a tres años de prisión a quien interrumpa su embarazo voluntariamente. Si el aborto es causado por un médico, cirujano, o partera, además de estas sanciones, se le suspenderán de dos a cinco años en el ejercicio de su oficio o profesión.
Igualmente, se imponen de seis meses a un año en la cárcel a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar.
Los únicos casos en que no se sanciona son cuando el embarazo es resultado de una violación, la interrupción fue natural, cuando la madre corra peligro de muerte o cuando se deba a causas eugenésicas graves.
Sin embargo, el 7 de septiembre del 2021, la SCJN declaró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo de manera absoluta por considerar que vulnera el derecho de la mujer y de las personas gestantes a decidir. Igualmente, determinó que no es constitucional el uso del derecho penal para prohibir la práctica, así como a los servicios de salud que garanticen su acceso seguro.
Al haberse alcanzado una mayoría que supera los ocho votos, las razones de la Corte obligan a todas y todos los jueces de México tanto federales como locales. Por lo tanto, a partir de dicho momento, al resolver casos los importadores de justicia deben aplicar la ley con base a este criterio.
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