Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, publicó la carta que envió al gobierno mexicano para manifestar su preocupación por sobre el caso de la Jueza Angélica Sánchez de Veracruz.
En la comunicación afirmó que los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones.
La comunicación oficial presenta una relatoría de hechos. El documento revela que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se habría molestado por no ser consultada por la jueza para tomar la decisión y la habría amenazado:
La información indica que la presidenta habría cuestionado a la Jueza sobre el sentido de su fallo y al recibir la repuesta, le habría llamado por misma aplicación y gritado “¿En qué momento me consultaste sobre lo que ibas a resolver, cuándo informaste?, si sabes que este es un asunto de Alto Impacto?” y ante la repuesta de la Jueza le había dicho: “Entonces atente a las consecuencias”.
El caso
La jueza veracruzana fue detenida y procesada penalmente después de emitir una resolución: el gobernador Cuitláhuac Salinas dijo que su decisión fue ilegal, mientras que ella se defendió afirmando que únicamente atendió una sentencia de amparo.
La juzgadora fue detenida en Ciudad de México mientras intentaba denunciar la persecución en su contra en la Suprema Corte.
Fue vinculada a proceso en una sesión que no fue pública y en la que no se le permitió ser representada por la Defensoría Pública de Oficio.
Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, dijo que la información “describiría un patrón de represalias en contra de la Jueza Sanchez por el contenido de una decisión”.
En particular, me preocupa que la Jueza haya sido detenida sin orden de detención y que dicha detención podría constituir una desaparición forzada de corta duración.
Asimismo, veo con suma preocupación las faltas al debido proceso descritas en el caso que sigue la fiscalía de Veracruz contra Jueza, y las declaraciones públicas que se han hecho al respecto.
Un principio fundamental de la independencia judicial, los jueces no deben estar sujetos a acciones penales o disciplinarias basadas en el contenido de sus decisiones.
Lee aquí la carta completa:
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