El fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, dijo que “no hay delito qué perseguir”, por lo que el proceso de desafuero que se ha iniciado en el Congreso de la Unión no tendría efecto y finalmente será el Congreso de Morelos quien tendrá la última palabra.
Carmona habló sobre el tema en entrevista con diversos medios de comunicación el pasado jueves.
“Estoy enterado. Lo vi en medios de comunicación. No he recibido una notificación oficial todavía de la Cámara de Diputados, pero tengo conocimiento de que ya se resolvió el dictamen y que pues van adelante con el proceso de desafuero en contra mía”.
Agregó: “Estoy tranquilo. Yo no he cometido ningún delito. Esa resolución final le corresponde, le compete completamente a la legislatura de Morelos; será el Congreso de Morelos, el Congreso de mi estado quien decida si homóloga o no”.
Carmona Gándara afirmó que el proceso es consecuencia de una persecución política y expone que no se le puede acusar de ningún delito, ya que según él, cumplió con los requisitos para ejercer el cargo de fiscal general.
“Lo que determine la Cámara de Diputados, no hay nada escrito esto, pues deriva de una persecución política, no hay ningún delito que perseguir, este es un tema que deriva de lo político”.
Además, resaltó la certificación internacional recientemente obtenida por los Servicios Periciales de Morelos, demostrando el orgullo en su trabajo y la determinación de seguir adelante.
Sin embargo, reconoce que la decisión final está en manos de los diputados y espera que la razón prevalezca para evitar ser privado de sus derechos constitucionales.
“Eso es un tema enteramente de votos de la Cámara de Diputados, hay 500 diputados, esto se tiene que resolver, pues en próximos días yo espero que la razón impere y pues no se me prive en esa primera etapa del foro constitucional, porque no hay delito que perseguir, no de acuerdo a la Constitución en su artículo 111 de la Constitución federal”, apuntó.
También explica el proceso de desafuero, donde la última palabra recae en el Congreso de Morelos, según determinó la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación.
“El proceso de desafuero se compone de 2 partes cuando se trata de delitos federales señalados en contra de un servidor público estatal: la primera parte le corresponde a la Cámara de Diputados federal, y la segunda etapa le corresponde al congreso local. Esto ya está determinando así de manera clara y expresa por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces la última palabra le corresponde al Congreso de Morelos”, finalizó.
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