El presidente de Argentina, Javier Milei, busca obtener amplias facultades para gobernar mediante un proyecto de ley remitido este miércoles al Parlamento y que, de aprobarse, le permitirá tomar decisiones sin necesidad de aval legislativo bajo el paraguas de una declaración de “emergencia pública” que podría extenderse hasta el final de su mandato.
El denominado proyecto de ley de “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2025, plazo que podrá ser prorrogado por el Ejecutivo por otros dos años, es decir, hasta el final del mandato de Milei, quien asumió la Presidencia el pasado 10 de diciembre.
La iniciativa implica la delegación de funciones legislativas al Ejecutivo en virtud de la declaración de “emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social”.
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La Constitución Nacional de Argentina, reformada por última vez en 1994, prohíbe en su artículo 76 la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, “salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”.
El derrotero de este proyecto de ley en el Parlamento es incierto: la formación de ultraderecha de Milei, La Libertad Avanza, tiene una mínima representación legislativa, pero tiene como aliada a buena parte del frente de centroderecha Juntos por el Cambio, con fuerte peso en ambas cámaras del Congreso.
El Ejecutivo alega que promueve esta ley, conocida mediáticamente como “ómnibus”, “con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853″, “en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.
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Como “principios y propósitos” de la ley se colocan “la promoción del derecho fundamental a la libertad individual” sin “injerencias indebidas” por parte del Estado, la “protección de los habitantes y de su propiedad privada” y la “profundización de la libertad de mercados”.
En el mensaje de envío de la iniciativa al Parlamento, firmado por Milei y su Gabinete de ministros, el Gobierno afirma que su objetivo es “emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la nación”.
El proyecto de ley incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral para eliminar las primarias, cambios en el Código Penal para controlar las manifestaciones callejeras y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas -entre ellas, Aerolíneas Argentina, el Banco Nación y la petrolera YPF-, reestructurar la deuda pública o autorizar ejercicios miliares de fuerzas extranjeras en el territorio argentino.
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Sobre las manifestaciones, la iniciativa incluye nuevas restricciones, con penas que podrían llegar hasta cuatro años de prisión para aquellos que empleen armas con el fin de interrumpir el servicio de transporte público, y hasta cinco años para aquellos que “dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impida, obstaculice o dificulte la circulación o el transporte público o privado”.
También en el marco de la “emergencia”, el proyecto garantiza la legítima defensa a las víctimas de un delito y la libertad para revender sin límites boletos para espectáculos deportivos, permite la circulación de vehículos autodirigidos (sin intervención humana) y que un viajero ingrese un producto al país sin declararlo en la aduana.
La propuesta gubernamental elimina las penalizaciones para aquellos que utilicen armas “en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”. Actualmente, el Código Penal solo permite el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad “cuando su vida o la vida de otras personas estén en riesgo”.
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La iniciativa también incorpora un artículo por el que se ratifica el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado la semana pasada por Milei para desregular la economía, incluyendo la derogación de varias leyes, una medida que ha desatado protestas y es objeto de presentaciones ante la Justicia.
Milei, un economista libertario que se ha definido como “anarcocapitalista”, ya puso en marcha un plan de “shock” de duro ajuste fiscal, que incluyen un drástico recorte de gastos y aumento de impuestos, en un contexto de estancamiento de la actividad económica, inflación en fuerte aceleración y una tasa de pobreza cercana al 45 % de la población.
Convocan una huelga general para el 24 de enero
La Confederación General del Trabajo (CGT)- el principal sindicato de Argentina- convocó este jueves para el próximo 24 de enero de 2024 una huelga general para protestar contra el plan de choque neoliberal del Gobierno del ultraderechista Javier Milei, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
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La huelga dará comienzo a las 12:00 del mediodía, hora local, hasta la medianoche del 24 de enero, e incluye una movilización hacia el Congreso, donde un día antes el Gobierno espera que se aprueba la conocida como “ley ómnibus”, macropaquete de medidas, que abordan algunos temas que no son competencia del DNU.
“La idea es apoyar y reclamar a la política, que es el Parlamento, a que actúe en favor de los trabajadores y de la sociedad civil, que es por donde pasa el cien por cien del ajuste”, han señalado fuentes de la CGT al diario Clarín.
El jueves cerca de 30 mil argentinos acudieron a la llamada de la CGT y otras organizaciones para protestar en el centro de Buenos Aires contra el controvertido plan neoliberal con el que Milei pretende anular y modificar al menos 300 leyes.
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La última huelga general convocada por la CGT fue la del 29 de mayo de 2019, en vísperas del final del gobierno del expresidente Mauricio Macri y antes de las elecciones que llevaron a Casa Rosada a Alberto Fernández.
(Con información de EFE y Europa Press)
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