El presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado esta mañana en su conferencia matutina respecto al tema de la prisión preventiva oficiosa en el país, esto luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró la medida como inconvencional por violar los derechos humanos, mientras que los gobernadores, firmaron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que considere no eliminarla.
Al respecto, el mandatario instó a la SCJN a que “recapacite”, y que “no aprueben ese cambio porque va a significar impunidad”.
“Lo que hemos visto últimamente es lamentablemente muy aleccionador de los cínicos, de lo descarado que están actuando. Cómo están actuando jueces, magistrados, ministros, no todos, pero lo que hicieron de liberar en horas en la madrugada, ordenar la libertad de un presunto delincuente famosísimo, cosa que no hacen en otros casos, pues demuestra que se sienten intocables”, aseveró AMLO.
Posteriormente celebró la carta enviada a la Suprema Corte por parte de los 32 gobernadores, destacando que “está bien que los gobernadores estén pendientes” y demanden una actitud responsable.
Ellos son los que padecen, y no solo los oradores y Ministerios Públicos. Fiscales, policías, porque los ajustician. Es muy irresponsable el actuar.
López Obrador criticó que desde hace años “están mal hechas las averiguaciones” y esto es algo que “usan para dejar en libertad a cualquiera”.
En contraposición a esto, propuso que se hable de una “cooperación entre poderes” que permita “reponer el procedimiento en vez de utilizar como excusa un error del Ministerio Público para dejar en libertad a un presunto delincuente que ha causado mucho daño y que va a seguir causando daño”.
“Que tomen una resolución nada más para hacer sentir de que ellos mandan y que tienen mucho poder aunque se dañe a la sociedad pues ojalá y recapacite (la SCJN)”, sentenció el mandatario al respecto.
El máximo tribunal debatirá la medida que permite mantener a personas en prisión por el hecho de ser acusados de delitos ‘graves’. La alternativa que se propone es que los jueces deben analizar cada caso para determinar si es necesaria la prisión para evitar la fuga del acusado o que ponga en riesgo a víctimas.
Los gobernadores de todos los partidos consideran que eliminar la medida significaría una “vulneración” de la Constitución y un “grave impacto en la seguridad pública de las y los mexicanos”.
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