Fraude en la ‘ley trans’ de España: Hombres que quieren ser mujeres sólo en el registro:

(Radio France Internationale).- Se llama Juanjo y es militar. Tiene barba e incipiente alopecia. Pero se autodenomina “presidenta”, en femenino, de la asociación Trans No Normativos. Porque Juanjo dice que es mujer, y que así figura en el registro por su propia voluntad.

Como Juanjo, el sevillano Francisco Javier también es militar y ha acudido al registro para cambiar su sexo y autodeterminarse como mujer, aunque mantiene su nombre y apariencia masculinos. Francisco Javier, de casi dos metros de altura y tatuajes en el cuello, se queja de que en su trabajo no le dejan utilizar el vestuario femenino.

“No puedo seguir utilizando un vestuario contrario a mi género”, explica en una entrevista al Diario de Sevilla en la que rechaza hormonarse o someterse a una operación quirúrgica. “Me gusta mi cuerpo y no pretendo cambiarlo”, sentencia.

Juanjo o Francisco Javier son algunos de los casos que han trascendido en los medios de comunicación españoles de hombres (la mayoría de ellos miembros del ejército o de los cuerpos de seguridad) que en los últimos meses han intentando cambiar de sexo en el registro sin perder un ápice de su apariencia masculina, ni tampoco sus nombres como varones.

Pueden hacerlo gracias a la aprobación en febrero de 2023 de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como “ley trans”. Esta norma controvertida, impulsada por la exministra Irene Montero, de la formación progresista Podemos, generó rechazo en algunos sectores feministas por incluir la “autodeterminación de sexo”, un principio que también ha quedado consagrado por ley en una veintena de países de todo el mundo, como Suecia o Alemania, que lo han hecho este 2024.

Con este cambio legislativo, en España desaparecían el tratamiento con hormonas durante dos años y el diagnóstico psiquiátrico de disforia de género como requisitos para cambiar de sexo en el registro oficial. Ahora basta con solicitar el cambio por escrito, y tres meses después ratificar la decisión.

De esta manera se atiende a la recomendación del costarricense Víctor Madrigal-Borloz, experto sobre identidad de género de Naciones Unidas, que apuesta por hacer “sencillo” el “proceso administrativo” en el reconocimiento legal de la identidad de género, sin “requerir medidas intrusivas o abusivas como la cirugía o el tratamiento hormonal”, como señaló en un informe publicado en 2021.

Según el sociólogo y politólogo Ignacio Paredero, secretario de organización de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), la nueva ley pretende facilitar el cambio de sexo porque “se sabe que cuando se le dificulta este proceso a una población muy vulnerable, esa gente no lo va a intentar ni siquiera”. Las estadísticas del primer año en vigor de la “ley trans” corroboran esta afirmación, porque en este tiempo han sido 5,139 las personas que en España han solicitado el cambio de sexo en el registro, el 61% de hombre a mujer, lo que supone cuatro veces más que en el año anterior.

Lo que no reflejan las cifras oficiales son los supuestos casos de hombres que utilizan el cambio de registro con “intereses espurios” —como los califica Ignacio Paredero— para lograr una ventaja en el ámbito laboral.

“Hemos tenido alguna reunión con representantes del Gobierno y nos dicen que las reclamaciones en este sentido son absolutamente anecdóticas”, desvela el portavoz de la FELGTBI+.

Sin embargo, desde que entró en vigor la “ley trans”, han trascendido casos constantemente en la prensa. Uno de los primeros se registró en el proceso para acceder a la policía local del municipio de Torrelodones, en Madrid. Allí un hombre argumentó que quería realizar las pruebas físicas como mujer porque se sentía como tal, aunque en su inscripción figuraba tener sexo masculino y así había realizado el primer examen. Para sostener su petición, el aspirante presentó un acta notarial en la que pedía que se le registrase como mujer transexual.

“No son casos residuales, y están saltando cuando hay varones que se presentan a oposiciones donde hay distintos requisitos para hombres y para mujeres”, afirma Ángeles Álvarez, antigua diputada socialista y representante de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, muy crítica con la “ley trans” española por permitir “que cualquiera pueda hacer esa ficción del sexo sin ninguna condición”.

“El elemento que entra en la ley y lo distorsiona todo es el que tú eres lo que tú sientes, y eso tiene consecuencias de tipo social como ya se están observando”, apostilla.

En las cifras oficiales facilitadas por el Gobierno de España sobre los cambios de sexo en el registro durante el primer año de la “ley trans”, sorprenden los 40 casos de Ceuta, un pequeño enclave español en la costa del norte de Marruecos donde residen unas 80,000 personas. Allí, casi el 90% de los cambios de sexo son de hombres a mujeres. El diario El Faro de Ceuta aseguraba en una información publicada el pasado mes de febrero que muchas de las peticiones eran de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas.

Ignacio Paredero, de la FELGTBI+, admite que “hecha la ley, hecha la trampa” y reclama a la Fiscalía que persiga estos casos de “fraude” que en ocasiones tienen una “intencionalidad política evidente”.

“A las personas trans esto les violenta muchísimo, porque estos casos son una burla. Hemos peleado por esta ley para que ahora haya gente que la ponga en peligro, para que se diga que la ley es un coladero”, denuncia Paredero.

A pesar de su posición crítica con la ley, Ángeles Álvarez coincide en señalar que hay hombres vinculados a la ultraderecha española y a organizaciones antifeministas, “señores con condenas firmes por malos tratos”, que están solicitando el cambio de sexo para “acudir de seguido a los servicios que la administración ofrece a las mujeres maltratadas”. Situaciones que, según la FELGTBI+, se evitarían con un “control a posteriori” de las peticiones de cambio de sexo.

“Si hay intentos de fraude, hay que buscar la manera de revertir esos fraudes, porque los culpables son los defraudadores, no las personas trans”, defiende Ignacio Paredero, que traslada esa responsabilidad a los jueces encargados de los registros civiles.

Así lo hizo el magistrado Matías Martínez, el primero en denegar un cambio de sexo en España por apreciar “fraude de ley” en la petición de dos hombres militares que solicitaban registrarse como mujeres en las Islas Canarias. Según explicó este juez en una entrevista en el diario El País, “los fraudes en la ‘ley trans’ se detectan en cuanto entran por la puerta”.