Por Araceli Damián
Enorme sorpresa causó conocer que existían dos planes: el del Presidente y el de Hacienda. En este recinto se afirma: el único Plan es el del Presidente. Esta situación preocupa, porque deja entrever una falta de comunicación y enormes discrepancias en metas entre los agentes estratégicos para la toma de decisiones.
Es necesario saber si el “No Plan” de Hacienda es en el fondo el instrumento que devela la idea de condición de vida que el Estado mexicano considera suficiente para todos.
Preocupa, porque en 2018 la salida, el Presidente afirma que 7 de cada 10 mexicanos viven en pobreza, diagnóstico que como especialista comparto. Sin embargo, ahora se afirma en el No Plan y otros documentos oficiales, que 4 de cada 10 mexicanos son pobres, cifras producidas por el CONEVAL.
En el gobierno y en este recinto se ha soslayado el tema de la definición de umbrales de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales que determinan la medición de la pobreza.
En el No Plan, se asume que 85% de la población tiene cobertura en salud, lo cual es falso, pero se llega a esa cifra porque el CONEVAL estableció como cubierto el derecho a la salud si se cuenta con Seguro Popular, lo que contradice al propio Presidente que ha dicho que no es seguro, ni popular. Así pasa también con otros temas fundamentales, como fijar la meta de reducir la informalidad sólo dos puntos porcentuales en el sexenio: de 56.6% a 54.7%; o aumentar sólo 4% la mediana del ingreso de los ocupados, cuando el Plan del Presidente propone como meta una recuperación del salario promedio de 20%. Dejemos a un lado el No Plan.
Es un acierto que de los tres ejes generales del Plan: I. Política y Gobierno; II. Política Social, y III. Economía, el de Política social esté antes que el de Economía. El Medio Ambiente está presente en el Plan como temática en el eje de Política Social, como si fuera responsabilidad de los ciudadanos. No, la degradación y la contaminación ambiental tiene su raíz en la estructura productiva y condiciones de operación de empresas públicas (Pemex y CFE) y privadas (como la minería). Pero dada la urgencia de atender el cambio climático y la contaminación el medio ambiente requiere estar como un eje general.
El Plan se rige por 10 principios: en materia social se refieren a los más desposeídos, a que habrá observancia de los derechos sociales y colectivos, pero algunos derechos ni se mencionan, como el del acceso a la seguridad social y a condiciones laborales decentes.
El principio de “Economía para el bienestar”, si bien es interesante como concepto, no logra librarse de ciertos principios neoliberales, como el de disciplina fiscal (déficit cero) y cese del endeudamiento; que seguidos a ultranza pueden ser muy costosos en términos de bienestar. También se plantea el respeto a la autonomía del Banco de México, lema fundamental de los neoliberales, quienes han rechazado modificar el mandato del Banco, que ahora se limita al control de la inflación, para que incluya la promoción del empleo y el fortalecimiento del mercado interno, como se hace en países desarrollados. Así el Banco cuidaría los intereses de la mayoría de los mexicanos, no sólo del capital financiero y de empresarios.
El poderoso principio de “Por el bien de todos primero los pobres”, se refiere en realidad a la separación del poder político del económico, sin dar contenido desde aquí a cuáles serán los derechos sociales que se mejorarán y el nivel de vida que se buscará alcanzar.
Elementos fundamentales de lo social aparecen ligados al principio de “No puede haber paz sin justicia”, cuya premisa fundamental es “restarle base social a la criminalidad mediante incorporación de jóvenes al estudio y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales; y también en el de “No más migración por hambre o por violencia”, que establece, sólo aquí, la necesidad de “ofrecer a todos los ciudadanos las condiciones adecuadas para que puedan vivir con dignidad en la tierra en la que nacieron.” Sin embargo, en ninguna parte del Plan se define y da contenido mediante elementos normativos a los derechos económicos, sociales y culturales, ni tampoco a qué es vivir con dignidad.
La lectura del Plan permite identificar estrategias o premisas básicas con las que se busca modificar la condición social de los mexicanos, aunque muchas de ellas están en lo económico: 1) Atención a los jóvenes, de 18 a 29 años a quienes se les ve como presa fácil de la delincuencia, no como sujetos de derecho. 2) Fortalecer lo rural. Apoyo a pequeños y medianos productores en actividades agropecuarias, buscando la soberanía alimentaria, otorgando precios de garantía, activando de nuevo los saberes de productores agrícolas y previniendo la deforestación. Pero para que ello funcione, tendrán que asegurar que los campesinos puedan vender sus productos. 3) Por otra parte el crédito a la palabra o los apoyos únicos y créditos a pequeños y medianos productores tendrá seguramente un impacto social positivo, 4) Recuperar la soberanía en otras dos áreas: energética, aun a costa del medio ambiente, y financiera al tener un banco fuerte estatal (el de Bienestar), a lo cual debería añadirse la creación de un fondo para el rescate de las pensiones. 5) Se busca promover regiones olvidadas a través del Tren Maya o el programa del Istmo.
En los hechos la política social ya cambió. Es aplaudible que se hayan universalizado el programa de la Pensión para Adultos Mayores de la Ciudad de México y el de discapacitados a todo el país, aunque preocupa que en este último el apoyo se retire a los 30 años. Se recomienda que sea de por vida.
No se abandona la política neoliberal de focalizar programas a la pobreza extrema. El Prospera pasa a ser las Becas Benito Juárez, que otorgan 800 pesos por familia, en lugar de por estudiante y se eliminan los componentes alimentario y de salud del Prospera, por lo cual la cobertura se reduce a hogares en pobreza extrema con hijos en escuelas públicas. Los demás programas sociales relevantes no son universales y se asocian a la doctrina del Workfare “te ayudo si trabajas”, en lugar del Welfare “te ayudo si lo necesitas”, al imponer como condición para recibir los beneficios participar en el mercado laboral, capacitarse o producir, como ocurre con el programa Jóvenes Construyendo Futuro o bien, para la población del medio rural, a través de la producción agrícola y forestal (Sembrando Vida). Finalmente, el programa Jóvenes escribiendo el futuro, es minimizado al focalizarse a normales y escuelas interculturales, Agraria Chapingo y Benito Juárez (sólo 32 mil estudiantes).
Ante este panorama considero que debemos impulsar, en materia de política social, el principio rector de la universalidad con bienestar y dignidad. Para ello, se debe reforzar la capacidad recaudatoria del Estado. No basta la austeridad y eliminar las condonaciones fiscales. Debe llevarse a cabo una reforma fiscal progresiva porque actualmente la clase media y baja paga más impuestos que los grandes empresarios. Tampoco es justo que las mineras paguen tan poco destruyendo el medio ambiente y obteniendo ganancias exorbitantes de nuestras enormes riquezas minerales, como el oro y la plata, el Estado podría explotar por sí mismo, generando recursos abundantes para el desarrollo y el bienestar.
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.