En entrevista con ‘Aristegui en Vivo’, Rolando Silva Briseño, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), expresó su preocupación sobre la posible ampliación del catálogo de conductas que serán merecedoras de prisión preventiva oficiosa, especialmente en el ámbito de los delitos fiscales.
Silva Briseño señaló que esta ampliación incluye delitos como la defraudación fiscal, el contrabando, y cualquier actividad relacionada con la emisión de comprobantes fiscales falsos, comúnmente conocidas como “factureras”.
“Podremos estar ante una figura en donde, ante una denuncia de un presunto delito, la gente tendría que estar viviendo ese proceso en la cárcel“, indicó.
Esta preocupación surge tras la aprobación del dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, el 13 de agosto de 2024, con 26 votos a favor y 14 en contra, que amplía el artículo 19 constitucional para incluir delitos como la extorsión, delitos relacionados con drogas (narcomenudeo y fentanilo), y delitos fiscales, como la emisión de facturas falsas.
Advirtió sobre las implicaciones que esta medida podría tener en términos de Derechos Humanos y la presunción de inocencia, al mencionar que “esto, como es evidente, además de que podría destrozar una vida […] en un porcentaje muy alto, esto uno tarda mucho tiempo en ser juzgado y, por otro lado, en muchas ocasiones resulta en una absolución“.
Según Silva Briseño, esto podría llevar a que personas inocentes pasen tiempo en prisión preventiva, afectando su reputación, patrimonio, y medios de subsistencia.
Asimismo, hizo un llamado a reflexionar sobre la necesidad de respetar el principio de presunción de inocencia.
“Nos parece que habría que hacer el ejercicio y respetar una presunción de inocencia” sostuvo, y agregó que, si bien hay casos en los que se justifica la prisión preventiva debido a factores como el poder económico o antecedentes documentados de los acusados, “no así cualquiera que pudiera ser acusado de estos temas”.
Silva Briseño también dijo que la revisión de esta medida podría evitar una “incertidumbre jurídica” que a su vez, podría desincentivar la inversión en el país.
“Definitivamente va a tener algunos efectos y uno de ellos, que nos parece que es en el peor momento para generar, es una incertidumbre jurídica“, afirmó.
Finalmente, reiteró que la propuesta de ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa debe ser analizada con cautela, para asegurar que se cumpla con los estándares legales sin afectar negativamente la economía y el clima de inversión en México.
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