El periodista Jesús Esquivel informó en Aristegui En Vivo de que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos ha decidido escuchar los argumentos de la demanda presentada por el gobierno mexicano en 2022 contra los principales fabricantes de armas.
Esta demanda, formulada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y diseñada por el entonces canciller Marcelo Ebrard, acusa a las empresas de contribuir intencionalmente al armamento de los cárteles del narcotráfico en México.
“El Estado mexicano solicita una compensación de 10,000 millones de dólares para las familias de las víctimas que han perdido la vida debido al uso de estas armas.”, señaló Esquivel.
También destaca que aunque los fabricantes no son responsables directos del tráfico, se les acusa de facilitar la producción y distribución de rifles y pistolas semi automáticas que terminan en manos de criminales. Según estimaciones del gobierno mexicano, alrededor del 70% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos.
La demanda había sido desestimada anteriormente por un juez federal en Boston, quien citó la legislación estadounidense que protege a los fabricantes de armas de ser responsabilizados por el uso criminal de sus productos. Sin embargo, un tribunal de apelaciones permitió que el caso avanzara, argumentando que las prácticas comerciales de las empresas podrían considerarse como “ayuda y complicidad” en el contrabando.
Los fabricantes de armas, entre ellos Smith & Wesson, Glock y Colt, han solicitado a la Corte Suprema que anule este fallo, argumentando que la demanda representa un intento encubierto de imponer regulaciones sobre la industria armamentista que no han sido aprobadas legislativamente en EE.UU. Además, sostienen que el tráfico ilegal es un crimen independiente que no involucra a los fabricantes.
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La decisión de la Corte Suprema es un paso significativo en este caso, ya que podría establecer un precedente sobre la responsabilidad legal de los fabricantes de armas en relación con el tráfico y uso ilegal en otros países. La audiencia está programada para el próximo término judicial, que inicia el lunes.
Este desarrollo ha generado un intenso debate sobre la relación entre la industria armamentista estadounidense y la violencia relacionada con el narcotráfico en México, así como sobre las implicaciones legales y éticas del caso.
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