Amnistía Internacional México llamó al Senado a votar en contra de la reforma constitucional que pretendía eliminar el “control de convencionalidad “de la Carta Magna, lo que a su juicio “implica un grave retroceso en la defensa de los derechos humanos en México”. Esta mañana, el promotor del proyecto, el senador morenista Adán Augusto López Hernández, confirmó que retirará de su propuesta la eliminación del control convencional.
Amnistía señaló horas antes que la iniciativa presentada “contraviene disposiciones internacionales y amenaza los derechos humanos “
Considera que el control de convencionalidad es “una herramienta clave para garantizar que nuestras leyes respeten los tratados internacionales e interamericanos de los que el Estado Mexicano es parte”.
En ese sentido, señala que las prácticas nacionales con el corpus iuris interamericano, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), derivada de casos contenciosos como de opiniones consultivas quedarían invalidadas.
“Sin esta protección, los tribunales no podrán defender los derechos humanos reconocidos en todos los tratados internacionales”, señala Amnistía Internacional.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que la reforma propuesta en materia de “inimpugnabilidad de las reformas constitucionales” supone un cambio a una disposición clave “que tanto costó alcanzar” y que es fundamental para “incorporar los tratados internacionales que más protegen a las personas”.
Por ello, consideró que supone un “retroceso” para los derechos humanos”.
Mientras que la organización Perteneces A.C. manifestó su “oposición tajante” a la modificación del artículo primero constitucional “que atenta contra el control de convencionalidad conquistado en el año 2011 y que tanto ha favorecido la interpretación constitucional a favor de las poblaciones mas precarizadas de nuestro país”.
“En Perteneces damos cuenta, por nuestra propia experiencia en el litigio estratégico en derechos humanos y la defensa de personas inocentes privadas de libertad, de que el control de convencionalidad realizado por jueces, juezas, ministras y ministros fortalece el amparo y lo convierte en un instrumento de justicia, por ello, nos pronunciarnos y realizaremos las acciones en defensa de los derechos humanos que se consideren necesarios tanto en lo individual de cada organización, como en colectivo”, señaló en sus redes sociales.
En otra publicación, Perteneces aseguró que la iniciativa “amenaza gravemente la protección de los derechos humanos y limita el acceso a la justicia para quienes buscan impugnar leyes que vulneren sus derechos”.
“Defender el control de convencionalidad es fundamental para garantizar que las reformas respeten las normas internacionales y los principios constitucionales. Hacemos un llamado al Senado y a la Cámara de Diputados para que se priorice la justicia y los derechos humanos en sus decisiones”, puntualizó.
Foto: Pexels
Fundar México consideró que la iniciativa “representa un grave retroceso en la protección de las personas más vulnerables”. En una comunicación difundida en sus redes sociales, recordó que la reforma constitucional en derechos humanos de 2011 y la histórica sentencia de la Corte IDH en el caso Radilla Pacheco “permitieron dar prioridad a la aplicación de las normas más protectoras de derechos humanos”.
Menciona que esto ha permitido importantes avances en la protección de los derechos de las mujeres, de las personas desaparecidas y sus familias, de pueblos y comunidades indígenas, así como víctimas de la violencia en general.
“Hacemos un enérgico llamado al Senado para que en la dictaminación de la iniciativa incorpore las opiniones de quienes han resentido con mayor intensidad la violencia y el abuso del poder y que encontraron en el derecho internacional una última posibilidad de justicia”, menciona.
Finalmente, la asociación Idheas manifestó su preocupación “por el retroceso” que implica la iniciativa, porque “deja sin efecto los derechos humanos de fuente internacional, en particular las decisiones de la Corte IDH”.
Foto: Corte IDH
¿En qué consiste la iniciativa?
El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, presentó este lunes una iniciativa que pretende impedir las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad sobre la Constitución.
Señaló que la improcedencia también debe incluir al proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación de las reformas a la Carta Magna, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral.
El proyecto de decreto también fue suscrito por el petista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, así como por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila y el presidente de la Mesa Directiva de la cámara baja, el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
La propuesta busca reformar los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución. La reforma al artículo 1 de la Constitución introduce una frase que señala que las normas relativas a los derechos humanos “en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.
¿Qué es el control de convencionalidad?
El doctor Claudio Nash, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, define el “control de convencionalidad” como la herramienta “que permite a los Estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y su jurisprudencia”.
Señala que la figura “está estrechamente relacionada con las obligaciones que impone la CADH a los Estados para cumplir con las obligaciones que surgen a su respecto en materia de derechos humanos”.
En ese sentido, destaca que los casos que llegan a la Corte IDH para que decida sobre su convencionalidad son aquellos en los que ha fallado la justicia interna, por lo que dicho control representa la concreción de la garantía de los derechos humanos consagrados internacionalmente, en el ámbito normativo interno.
Así, la Corte IDH decide sobre la expulsión de normas que resultan contrarias a la CADH, a partir de los casos concretos que se someten a su conocimiento, como la incompatibilidad de las leyes de amnistía chilenas, por ejemplo.
“El objetivo del control es verificar la conformidad de las normas internas, así como su interpretación y aplicación, con la CADH y otros instrumentos de derechos humanos que vinculen al Estado y que exista una correcta aplicación de dichos estándares”, precisa.
“Este ejercicio de control puede tener una serie de consecuencias, tales como, la expulsión del sistema interno de normas contrarias a la Convención (sea vía legislativa o jurisdiccional cuando corresponda); la interpretación de las normas internas de manera que sean armónicas con las obligaciones del Estado; el ajuste de las actuaciones de los órganos ejecutivos y legislativos a las obligaciones internacionales; la modificación de prácticas de los órganos del Estado que puedan ser contrarias a los estándares internacionales a los que se ha comprometido el Estado; entre otras formas de concreción de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos”, precisa en una guía publicada por la propia Corte IDH sobre el control de convencionalidad.
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