Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), aseveró este viernes en ‘Aristegui en Vivo‘ que las leyes en materia de seguridad e inteligencia presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, “básicamente crean un sistema de vigilancia masiva de toda la población“.
García, en representación de R3D, criticó que, aunque dichas iniciativas legislativas se han anunciado como herramientas para combatir la inseguridad y a criminales, la realidad es que la posibilidad para el abuso de poder con lo que se propone es impresionante y muy preocupante.
“Hemos insistido y documentado desde gobiernos anteriores e independientemente de quien ocupa el poder hay abusos sistemáticos, en ese sentido esta herramienta es un paso más adelante en esta tendencia de vigilancia“, advirtió, recordando que existe evidencia de que este tipo de herramientas cuentan con un historial de abuso frecuente en México.
Es propia de un estado policial, de un estado autoritario.
La plataforma digital de usuarios de telefonía móvil
Entre las leyes presentadas, según destaca R3D en su publicación Leyes de Seguridad e Inteligencia crean una infraestructura tecnológica autoritaria que amenaza los derechos humanos, se propone nuevamente la creación de un registro de todas las personas usuarias de telefonía móvil, asociado a una identificación oficial, la CURP o el RFC en caso de personas morales. El registro se contempla como una condicionante para el acceso a la telefonía móvil e incluso plantea la cancelación de todas las líneas telefónicas vigentes que no sean registradas.
Dicha plataforma, representa una reedición del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones (RENAUT), del expresidente Felipe Calderón, y del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) de Andrés Manuel López Obrador, el cuál, si bien fue aprobado en 2020, fue declarado inconstitucional por la Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022.
Las razones por las que se declaró inconstitucional, afirma R3D, se mantienen vigentes en las nuevas propuestas.
Como ha sido demostrado anteriormente y reconocido por la SCJN, no existe evidencia de que el registro obligatorio de líneas telefónicas reduzca la actividad criminal.
Resulta inverosímil creer que la delincuencia utilice teléfonos registrados a su nombre para llevar a cabo actos delictivos.
García afirma que la delincuencia cuenta con diversas herramientas, técnicas y mecanismos que permiten eludir sin dificultad los sistemas propuestos, además de que actualmente son capaces de la suplantación de números telefónicos, tales como la clonación y duplicación de tarjetas SIM.
En otro de los factores más preocupantes, destacó el riesgo de que la información de los usuarios sea utilizada “sin ningún tipo de control democrático, judicial“, por parte de autoridades que podrían, o no, estar coludidas con estos grupos delictivos.
Además, criticó que si de por sí existe un historial de filtración de información en México, tener concentrada tanta información y bases de datos en un mismo lugar expone a que, ante una vulneración de datos, no solo se vulnere una, sino que “se vulneran todas”.
Puede ser utilizada más para cometer delitos que resolverlos.
Las iniciativas en materia de seguridad e inteligencia establecen un nuevo Sistema Nacional de Información que pretende fusionar información contenida en bases de datos sobre registros vehiculares, datos biométricos, registros inmobiliarios, registros fiscales, datos y registros telefónicos, entre otros, así como cualquier otra base de datos —inclusive en posesión de entes privados— que la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) considere arbitrariamente que permita “extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.
La desaparición del INAI
Por otro lado, el director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales recordó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se encuentra en pleno proceso de desaparición hacia la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno, por lo que aprobar estas leyes no solo sería otro caso de aprobaciones sin precedentes, sino que se da en la destrucción de organismos autónomos que deben velar por la protección de datos.
“El PANAUT de López Obrador se echó atrás por el INAI, la Corte declaró inconstitucional […] hoy no hay quien lo frene“, aseveró al respecto.
No es una casualidad, hay una intención de vulnerar los derechos e impedir que tenga herramientas legales para defenderse.
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