Mediante un comunicado emitido el miércoles 25 de febrero, la organización defensora de las libertades de expresión e información, Artículo 19, advirtió que el proceso judicial iniciado por Banco Azteca en contra de periodistas y otros usuarios de redes sociales vulnera libertad de expresión.
En el mensaje confirman que la representación legal de Banco Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, cumplió con su amenaza de acción legal en contra de siete periodistas y comunicadores en redes sociales, incluidos Jorge Gómez Naredo y Vicente Serrano, por presunto daño moral.
El banco argumenta que “sufrió una crisis como consecuencia directa de una serie de publicaciones en la red social X, antes Twitter en los meses de enero y febrero de 2024”, que afectaron al 7% de sus depósitos, por lo que adjudica responsabilidades millonarias para las personas comunicadoras.
Pedro Cárdenas, Oficial de Protección y Defensa de Artículo 19, informó durante ‘Aristegui en Vivo’ que, Artículo 19 ha documentado un alarmante incremento en procesos legales contra periodistas y comunicadores. Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se registraron 158 casos de acoso judicial contra periodistas, con un promedio de dos a tres procesos iniciados cada mes.
Cárdenas destacó que más del 60% de estos casos son impulsados por autoridades, mientras que el 40% restante proviene de empresarios y figuras públicas con vínculos gubernamentales.
Estamos viendo un abuso de la normativa para silenciar a quienes investigan, publican o tuitean información de interés público.
En enero de 2024, Artículo 19 anunció que Banco Azteca tomaría acciones legales contra periodistas y comunicadores. En febrero del mismo año, se reveló que una corte de California solicitó información de cuentas en redes sociales como X, Facebook, TikTok y YouTube, como parte de un proceso penal iniciado en la Fiscalía General de Jalisco contra 20 cuentas, incluyendo a periodistas e influencers. Finalmente, la semana pasada se notificó a varios afectados sobre una nueva demanda civil por daño moral, sumándose a los procesos ya existentes.
Cárdenas hizo un llamado a las autoridades judiciales a basarse en estándares internacionales y nacionales de derechos humanos, como el principio de “real malicia” o “malicia efectiva”, establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este principio exige demostrar que quien publicó información falsa lo hizo con intención de causar daño, no solo que la información sea errónea.
La libertad de expresión es un derecho amplio que incluye discursos incómodos o críticos, especialmente hacia figuras de poder.
A través del comunicado, la organización señala la existencia de un efecto inhibitorio o ‘chilling effect‘ en estos procesos legales.
Cuando una empresa inicia no uno, sino tres procesos legales en distintas cortes, genera un miedo generalizado a publicar información de interés público.
Este fenómeno no solo afecta a los periodistas directamente involucrados, sino que disuade a otros de ejercer su derecho a la libre expresión.
Entre los afectados destacan los periodistas Jorge Gómez Naredo y Vicente Serrano, cuyos casos han sido documentados por Artículo 19. Sin embargo, otros comunicadores prefirieron mantener su anonimato por razones de seguridad.
Además de este caso mediático, la organización reportó un aumento de procesos legales contra periodistas y comunicadores, Artículo 19 insisten en la necesidad de que las autoridades judiciales actúen con base en estándares que protejan los derechos humanos.
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