Más de 850 personas, incluyendo jueces y magistrados, acusaron a los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de traición por no atraer el amparo que declaró inconstitucional la reforma judicial.
“Esa reforma representa el mayor retroceso en materia de independencia judicial en la
historia moderna de México, y esto no habría sido posible sin cómplices dentro de la
propia Corte”, expresan en un comunicado.
También sostienen que un momento crucial para la democracia del país, los ministros de la Corte “incumplieron flagrantemente el deber de guardar y hacer guardar la Constitución” y, en cambio, optaron por el “cómplice silencio”.
Foto: Archivo Cuartoscuro
Los jueces y magistrados federales acusan que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena y sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo, lanzaron una “cruzada contra el Poder Judicial”. El objetivo de esta campaña, afirman, no era mejorar el sistema de justicia, sino “controlarla”.
Durante años, señalan, el oficialismo construyó un “relato de desprestigio contra los jueces”, acusándolos sin pruebas y amenazándolos para debilitar la justicia antes de lo que llaman su “asalto final”.
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Este “asalto final” se materializó en la Reforma Judicial que destituyó a la totalidad de los jueces, eliminó la carrera judicial y permitió la elección de nuevos jueces bajo “engañosas reglas diseñadas y manipuladas desde el poder”.
Señalan a Arturo Zaldívar
En el comunicado también acusan a Arturo Zaldívar de ser uno de los “cómplices dentro de la propia Corte”.
Según señalan, Zaldívar, desde la presidencia del Máximo Tribunal, “se convirtió en operador político del Ejecutivo“, permitiendo su intromisión en el Poder Judicial y aceptando una “ampliación inconstitucional de su mandato”. El texto es severo en su juicio, declarando que el nombre de Zaldívar “quedará inscrito como símbolo de rendición y traición judicial”.
Zaldívar actualmente es el Coordinador General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República y forma parte de la comisión presidencial para la Reforma Electoral.
Finalmente, el documento enfatiza la importancia del juicio de amparo 1214/2024, promovido por ciudadanos firmantes, que “declara inconstitucional la reforma judicial”.
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Los quejosos describen esta sentencia como “histórica” y lamentan que la Corte la haya “despreciado omitiendo su revisión“.
A pesar de que se solicitó al Pleno de la Corte que asumiera su competencia sobre el caso en febrero de 2025, “no hubo respuesta”. En cambio, la presidencia de la Corte turnó la petición indebidamente a la Primera Sala, que la “rechazó por unanimidad” en una sesión privada, “escudándose en tecnicismos y formalismos”. Esta decisión, asevera el comunicado, no fue un error, sino una “claudicación deliberada”.
A esto se suma la actuación del Consejo de la Judicatura Federal, que “ordenó concentrar los juicios de amparo en juzgados y tribunales situados en Jalisco“, en lo que se describe como una “maniobra para dilatar, fragmentar y diluir la respuesta judicial”.
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El comunicado concluye que los ministros “prefirieron protegerse del costo político, de las presiones, de las amenazas o de perder los haberes de retiro”, y al replegarse, “consintieron la destrucción del equilibrio constitucional”.