Grabaciones de altos funcionarios de Pemex exigiendo sobornos a cambio de contratos federales más favorables, serán presentadas como evidencia en un juicio de demanda programado para agosto.
Una serie de grabaciones que -presuntamente- exponen un entramado de corrupción que prevalecía al interior de Pemex, bajo la titularidad de Emilio Lozoya y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, podrían salir a la luz en agosto de este año, durante el juicio de la demanda interpuesto por los accionistas estadounidenses de la empresa petrolera Oro Negro en contra de Petróleos Mexicanos.
Los audios forman parte de la evidencia que presentarán los abogados de la parte demandante en contra del gobierno de México, ante un tribunal constituido bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, programado para la segunda mitad de agosto.
“Tenemos grabaciones de altos funcionarios de Pemex que decía quién en Pemex recibía sobornos, cuánto tenían que pagar para obtener contratos, qué pasaba si un contratista no pagaba sobornos, cómo se pagaban y lavaban esos sobornos”, declaró Juan Morillo, copresidente de Investigación Corporativa del despacho Quinn Emanuel Trial Lawyers.
Durante una entrevista en Aristegui en vivo, Morillo recalcó que las grabaciones son la prueba más fuerte que tienen en contra de los entonces funcionarios de Pemex, y aclaró que todas fueron obtenidas ética y legalmente, o de lo contrario no podrían ser utilizadas en un juicio.
El entrevistado afirmó que los inversionistas estadounidenses a los que representa se negaron a pagar sobornos a funcionarios de Pemex. En represalia, recibieron contratos federales desfavorables, y fueron víctimas de una serie de acciones incriminatorias con el objetivo de retirarles la concesión de las plataformas petroleras.
Por ese motivo las causas de la demanda presentada es “expropiación de la inversión y discriminación, ya que los que sí pagaban sobornos recibieron mejores contratos”. La demanda solicita más de mil millones de dólares en pérdidas económicas, y en daños consecuenciales y punitivos.
Morillo reconoció que, aunque las acusaciones de actuaciones ilegales fueron perpetradas por funcionarios de la pasada administración federal, la erogación de los recursos para el resarcimiento de los daños solicitado correspondería al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Nosotros todavía tenemos la esperanza de llegar a un acuerdo negociado con la actual administración por varias razones, que la actual administración está tomando pasos fuertes y claros y transparentes contra la corrupción, y porque, obviamente no tuvo ninguna responsabilidad en términos de ciertos de los hechos que alegamos en nuestra demanda”.
Los socios estadounidenses se encuentran con la mejor disposición de negociar, expuso Morillo, y se llegarían a la mesa del diálogo actuando de buena fe y abiertos a una resolución que pueda ser favorable, tanto para el gobierno como para “los empresarios que perdieron muchísimo dinero porque la empresa no pagó sobornos”.