El Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Penal estatal para eliminar la prisión vitalicia – comunmente conocida como cadena perpetua – y establecer que la pena máxima para delitos graves será de 70 años de cárcel.
La medida fue avalada por la LXII Legislatura mexiquense a propuesta de la diputada Sofía Martínez Molina, del PT, y del Ejecutivo estatal, bajo el argumento de que la cadena perpetua vulnera derechos humanos y elimina cualquier posibilidad de reinserción social.
En el dictamen aprobado se expone que la prisión vitalicia representa “la privación perpetua de la libertad sin posibilidad de revisión o reducción de la pena”, por lo que anula cualquier expectativa de reintegración de una persona sentenciada y convierte la sanción en una medida exclusivamente retributiva.
Las y los legisladores señalaron que este tipo de castigo contradice la finalidad del sistema penitenciario mexicano, que debe estar orientado a la rehabilitación y a la eventual reincorporación social de las personas privadas de la libertad.
La reforma también retoma criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ha considerado que la prisión vitalicia es incompatible con el artículo 18 constitucional, debido a que no contempla mecanismos de revisión de la pena ni permite valorar el avance de una persona sentenciada para determinar si puede recuperar su libertad.
Con los cambios aprobados, el Estado de México incorpora el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones, con el objetivo de que las penas sean acordes con la gravedad de los delitos, respeten la dignidad humana y eviten castigos considerados arbitrarios o excesivos.
Aunque desaparece la prisión vitalicia, las penas para delitos de alto impacto seguirán siendo severas; la sanción máxima será de 70 años de prisión en casos como homicidio, feminicidio, secuestro u otros delitos graves contemplados en la legislación estatal.
Durante la misma sesión, el Congreso local aprobó modificaciones a la Ley de Amnistía del Estado de México para reactivar de forma permanente la Comisión de Amnistía, que anteriormente solo funcionaba para una legislatura específica.
A partir de esta reforma, la comisión podrá revisar casos relacionados con violaciones a derechos humanos, irregularidades en el debido proceso o presunta fabricación de delitos.
Además, se amplían los supuestos para solicitar amnistía, con el fin de que mujeres, personas adultas mayores y personas con discapacidad puedan acceder a este beneficio en determinados casos.
La Comisión de Amnistía estará integrada por representantes de los siete grupos parlamentarios del Congreso mexiquense y tendrá la tarea de analizar expedientes que, por su relevancia social o jurídica, requieran una revisión especial.