La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que busca corregir diversos aspectos de la elección judicial derivada de la reforma al Poder Judicial aprobada en el último tramo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El proyecto de dictamen, con fecha 22 de mayo de 2026, elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales, plantea ajustes al modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros, con cambios en el calendario electoral, la integración de candidaturas, los mecanismos de evaluación y la organización interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la exposición de motivos, el documento señala que es necesario “perfeccionar el mecanismo de elección popular” mediante ajustes que permitan armonizar las etapas del proceso electoral judicial con las capacidades operativas de las autoridades electorales y jurisdiccionales.
Uno de los principales cambios consiste en aplazar la siguiente elección judicial federal de 2027 a 2028. Según el dictamen, la medida busca generar un “periodo razonable de consolidación institucional y administrativa” para implementar adecuadamente la reforma judicial y evitar que el proceso coincida con las elecciones intermedias federales.
La iniciativa también propone que la revocación de mandato presidencial pueda realizarse de manera concurrente con las elecciones intermedias.
Entre los principales cambios que promueve la nueva reforma judicial destacan:
Creación de una Comisión Coordinadora entre Comités de Evaluación.
Aplicación de exámenes de conocimientos.
Homologación de criterios de evaluación.
División de circuitos judiciales en distritos electorales judiciales.
Reaparición de salas de la SCJN bajo el nombre de “secciones”.
Obligación para que los estados repliquen el modelo federal.
El documento plantea reducir el número de aspirantes que aparecerán en las boletas electorales. En lugar de listas más amplias, los Comités de Evaluación integrarán un listado de las cuatro personas mejor evaluadas para cada cargo y posteriormente realizarán una insaculación pública para dejar únicamente dos candidaturas por posición.
De acuerdo con el texto, el objetivo es corregir los problemas observados en la primera elección judicial, particularmente las boletas saturadas y la complejidad para identificar a las candidaturas.
Creación de una Comisión Coordinadora
La iniciativa establece además la creación de una Comisión Coordinadora integrada por las personas coordinadoras de los tres Comités de Evaluación. Ese órgano será responsable de verificar requisitos constitucionales y legales, homologar metodologías y aplicar exámenes de conocimientos.
El dictamen también fija nuevos plazos para el proceso electoral judicial. El artículo 96 propuesto señala que el Senado deberá emitir la convocatoria a más tardar el 30 de abril del año previo a la elección correspondiente.
Cambios para el INE y la Suprema Corte
La propuesta establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) dividirá los circuitos judiciales en distritos electorales judiciales con base en las especialidades con mayor número de cargos.
Además, las candidaturas serán distribuidas de manera aleatoria para garantizar que el electorado pueda votar por las distintas especialidades disponibles dentro de cada circuito judicial.
Reorganización de la SCJN
Otro de los cambios incluidos en la iniciativa es la reorganización de la SCJN. El dictamen plantea revivir las salas del máximo tribunal, ahora bajo el nombre de “secciones”, con el propósito de que el Pleno concentre los asuntos de fondo y las nuevas secciones atiendan temas de trámite.
Elecciones en los estados
La reforma también contempla que los poderes judiciales estatales repliquen el modelo federal de elección judicial. El documento señala que los estados deberán adoptar comités de evaluación, metodologías homologadas, insaculación de candidaturas y programas permanentes de capacitación judicial.
Consulte aquí el proyecto de dictamen en materia de reforma del Poder Judicial: