Estos cinco puntos permiten entender las implicaciones del acuerdo migratorio pactado entre México y Estados Unidos, tanto para nuestro país, como para las naciones vecinas del norte y de América Central.
Para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos el pasado 7 de junio tiene implicaciones económicas y humanitarias significativas, pues estipula que, a cambio de que la administración de Donald Trump no imponga aranceles a la importación de productos mexicanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador deberá contener el flujo de migrantes, mayormente centroamericanos, hacia la frontera que divide a los dos países.
Como parte de su labor de vigilar la implementación de políticas migratorias y de seguridad trasnacional, las investigadoras de WOLA, Maureen Meyer y Gina Hinojosa, plantean cinco puntos claves para entender las distintas aristas de este acuerdo binacional.
1. México ya había endurecido su política migratoria
En julio de 2014, el presidente Peña Nieto puso en marcha el Programa Frontera Sur, con el objetivo oficial de proteger a los migrantes que ingresaban al país por la frontera con Guatemala y que transitaban a través del territorio nacional hacia Estados Unidos. También buscaba ordenar los cruces internacionales para mejorar la seguridad en la región.
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WOLA documentó que durante el primer año del programa, las detenciones de migrantes aumentaron en un 41 por ciento y las deportaciones en un 39 por ciento. Esto se logró aumentando la presencia de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera sur, así como retenes en carreteras y redadas en hoteles y albergues para migrantes.
Los resultados fueron temporales, pues los migrantes y sus contrabandistas se adaptaron a la nueva operatividad de las autoridades mexicanas. A finales de 2016, el número de centroamericanos que ingresaba y atravesaba nuestro país había regresado a los promedios de inicio de 2014.
What will the US-Mexico agreement to address regional migrant flows mean for Mexico & asylum seekers, find out in @WOLA_org‘s new Q & A w/ @gina__hinojosa https://t.co/hbYL3posoi
— Maureen Meyer (@meyermc) June 14, 2019
2. Guardia Nacional: misma estrategia fallida
El despliegue de seis mil elementos de la recientemente formada Guardia Nacional en la frontera sur del país, para fortalecer la vigilancia y apoyar en labores migratorias ha sido cuestionado por organizaciones ciudadanas como el colectivo Seguridad sin Guerra, al considerar que representa una militarización de la zona y la criminalización de personas migrantes y refugiadas.
En términos de efectividad para el desempeño de actividades de control migratorio, WOLA destacó que los nuevos elementos de la Guardia Nacional, en su mayoría elementos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), no cuentan ni con la capacitación ni con la experiencia en estas labores. También genera preocupación por las posibles violaciones a los derechos humanos que podrían generarse con este cambio de funciones de las fuerzas de seguridad.
En lo que respecta a la capacidad del Estado Mexicano, las estancias migratorias existentes no cuentan con espacio suficiente para albergar a más extranjeros, ni pueden garantizar condiciones sanitarias adecuadas, ni acceso suficiente a la salud y a la alimentación.
3. En el norte no pueden albergar a solicitantes de asilo
El acuerdo bilateral también contempla una ampliación a la política “permanece en México” de la administración Trump, para que los migrantes que le piden asilo tras cruzar la frontera común aguarden en territorio mexicano su proceso ante tribunales estadounidenses.
Desde la implementación de esta política, a finales de enero de 2019, más de 11 mil migrantes han sido regresados a tres ciudades de la frontera norte de México: Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali. Con la expansión de esta política, WOLA estima que podrían llegar a nuestro país alrededor de 100 mil migrantes en tres meses, una cantidad que rebasaría por completo su capacidad de recepción.
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Ante la falta de instituciones gubernamentales capaces de satisfacer las necesidades de refugio y alimentación de migrantes, grupos religiosos y de la sociedad civil tradicionalmente han asumido la responsabilidad de su atención. Sin embargo, los recortes presupuestales del Gobierno Federal a asociaciones ciudadanas han menguado drásticamente su capacidad.
Una preocupación adicional de WOLA es la seguridad de los peticionarios de asilo regresados a México, pues las ciudades receptoras, particularmente Tijuana y Ciudad Juárez, mantienen los algunos de los índices delictivos más elevados de México.
4. México no puede convertirse en tercer país seguro
Como parte de los acuerdos migratorios adoptados entre México y Estados Unidos, se abre la posibilidad de que México asuma la función de tercer país seguro, instituyendo el procedimiento de que todas las personas que solicitan asilo a Estados Unidos deban esperar en México durante el desahogo de su proceso.
Esto pondría al sistema migratorio de México “al borde del colapso”, expone el reporte de la organización estadounidense, ya que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), entidad responsable de conducir la política en materia de refugiados, tan solo cuenta con 48 elementos y un presupuesto reducido.
Adicionalmente, WOLA advierte que la visibilidad creciente de extranjeros solicitantes de asilo ha despertado sentimientos xenofóbicos y racistas entre la población mexicana, cuyo número de extranjeros representa actualmente menos del 1 por ciento del total de sus residentes.
5. Desarrollo de Centroamérica, ausente en tratado
El Gobierno Federal de México ha anunciado la implementación de un programa para desarrollo de Centroamérica, que permita a Guatemala, Honduras y El Salvador, incorporarse al ritmo de desarrollo social y económico de los países que conforman la región norteamericana, a través de avances en materia energética, infraestructura y otros más.
No obstante, las recientes negociaciones migratorias alcanzadas entre México y Estados Unidos no contemplan la ministración de recursos de parte de la Unión Americana a los países del Triángulo Norte de América Central e, incluso, la administración que encabeza Donald Trump ha anunciado recortes a los actuales programas de asistencia a la región.
Para WOLA, el viraje en las políticas migratorias estadounidenses “comprueban que la administración Trump no tiene ningún interés en atender la crisis humanitaria en la frontera de Estados Unidos, ni a los factores que orillan a decenas de miles de centroamericanos a huir de sus hogares”.