Organizaciones civiles advirtieron este martes que grupos criminales desplazan comunidades de la Sierra de Chihuahua para controlar territorios, incluso en zonas sin madera, agua, minerales u otros recursos naturales que expliquen su interés.
Al presentar en la capital mexicana un informe sobre desplazamiento forzado interno en Chihuahua, Saulo Loya, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, afirmó que “hay una nueva clase de economía y una nueva clase de riqueza que es el territorio mismo”.
Loya dijo que la conclusión preliminar es que el control territorial permite a las organizaciones criminales decidir qué ocurre dentro de esas zonas y “operar prácticamente con total impunidad”.
“Es decir, si nos apoderamos del territorio, eso nos da la posibilidad de hacer lo que queramos. Básicamente, si queremos transitar, si queremos desaparecer, si queremos abastecer, lo que sea”.
La misión también identificó un patrón de violencia que comienza con ataques dirigidos contra líderes comunitarios o personas con capacidad de resistencia, precisó Loya.
Cuando esas agresiones no consiguen expulsar a la población, la violencia escala hacia ataques indiscriminados, sostuvo el experto, al señalar que han observado un patrón similar en el estado de Guerrero, pese a tratarse de grupos criminales con intereses distintos.
Primero, expuso, llegan las amenazas y ataques individuales y, si no consiguen romper la resistencia de las comunidades, agresiones contra la población en general.
Entre las formas de violencia mencionó el uso de armas de alto calibre y drones explosivos, cuyo uso comparó con tácticas de guerra vistas en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
“Esta nueva técnica de drones con explosivos (…) es devastadora, que es a la vez letal, pero también como una especie de táctica de tierra quemada tecnológica”.
La dimensión de esa violencia también quedó reflejada en un encuentro de la misión con menores y adolescentes desplazados, cuando una niña de solo 12 años reconoció estar envuelta en la guerra.
Nataniel Hernández, miembro de la Red TDT, urgió a atender las realidades de todas las personas desplazadas, incluidos los menores que “perdieron su escuela, perdieron sus amigos, perdieron su territorio, perdieron la convivencia”.
El informe recomienda que autoridades locales, estatales y federales reconozcan este fenómeno y establezcan una ruta para proteger a las personas que se ven obligadas a desplazarse.
“Las mismas autoridades presionaban las personas desplazadas a que regresaran a sus comunidades”, apuntó Hernández.
La misión se reunió en mayo pasado con alrededor de 200 personas de comunidades de Chihuahua, Durango y Sinaloa que se habían desplazado hacia la ciudad de Chihuahua, capital del estado, y los municipios de Hidalgo del Parral y Delicias.
Según el informe, en 2025, hubo al menos 4.492 personas desplazadas en Chihuahua, 1.335 solo de la comunidad de Guadalupe y Calvo.
A nivel nacional, un informe citado por Amnistía Internacional señala que en 2024 hubo al menos 28.900 personas desplazadas por la violencia en México, un aumento del 129 % frente al año anterior. EFE