SAN SALVADOR – El Gobierno de El Salvador trasladó este sábado a 1.022 miembros de pandillas encarcelados en el oeste del país para tratar de cortar las comunicaciones con el exterior, después de que un grupo armado retuviera a unas 40 personas que viajaban en un autobús y violaran a dos mujeres el viernes.
El Ministerio de Seguridad señaló en un comunicado que los pandilleros dirigían desde la prisión de Izalco (oeste) “atentados contra el personal de seguridad pública y la población salvadoreña en general”.
Explicó que los presidiarios fueron trasladados entre la Fase 1 y Fase 2 del referido centro penal, sin precisar la pandilla a la que pertenecen.
El presidente del país, Nayib Bukele, ordenó la noche del viernes reforzar “indefinidamente” las medidas de seguridad en las prisiones.
El mandatario, que asumió el Ejecutivo el pasado 1 de junio, también mandó a los responsables de la Policía y Ejército desplegar agentes élite y helicópteros en la zona donde se dio la privación de libertad para detener a los involucrados.
Según medios locales, un grupo de pandilleros armados abordó un autobús que transportaba a unas 40 personas y lo desvió a una zona despoblada en el departamento de Santa Ana (noroeste).
Las fuentes indican que la mayoría de las personas lograron escapar y que algunos fueron atendidos por crisis nerviosas tras el suceso.
Bukele confirmó que dos mujeres fueron violadas por los asaltantes.
Este hecho se da cuando el Ejecutivo de Bukele implementa la primera etapa de un plan de recuperación de territorios controlados por las pandillas en 16 municipios, incluida la capital.
Se espera que esta etapa inicial del plan, que pretende cortar los ingresos de las pandillas provenientes de las extorsiones, dure 30 días.
Diversos sectores han criticado estás medidas de seguridad, dado que no representan un cambio radical respecto a la política contra las pandillas implementada durante el Gobierno anterior.
El Salvador es asediado por las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, estructuras que poseen unos 60.000 miembros activos y que se enfrentan constantemente con los cuerpos de seguridad.
Las “maras” controlan diferentes territorios en el país centroamericano en los que extorsionan a comerciantes, dueños del transporte público y ciudadanos.
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