En medio de una crisis de violencia que empeora mes a mes, el Gobierno de México ve peligrar su estrategia de seguridad por un conflicto con la Policía Federal. Corporación en vías de desaparición, el Ejecutivo planea que miles de agentes pasen a integrar la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo creado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, de corazón híbrido, a medio camino entre lo civil y lo militar. Después de meses de tiranteces entre los cuadros de la policía y el Gobierno, el conflicto estalló este miércoles, cuando cientos de agentes se negaron a incorporarse a la Guardia y exigieron mantener sus condiciones laborales.
El choque dificulta el avance del nuevo régimen. La aparición de la Guardia Nacional en el panorama de seguridad es clave para el Gobierno, que ve un aumento de los índices delictivos mes a mes desde que asumió el poder en diciembre. De enero a mayo han muerto asesinadas más de 2.000 personas cada mes en México. El Ejecutivo planea la transferencia de miles de agentes a la Guardia, así como de policías navales y militares. Serán en total más de 100.000 efectivos, con un claro predominio de las Fuerzas Armadas, al menos al principio, en lo que el Gobierno recluta y capacita a los nuevos integrantes de la Guardia.
Desde el miércoles, agentes de policía y sus familiares bloquean vías de entrada y salida de la ciudad. Este jueves por la tarde, varias decenas de mujeres vigilaban el trancón del anillo periférico, en el oriente de la capital, justo a la altura del centro de mando de la Policía Federal. Agentes entraban y salián de las instalaciones, pendientes de las negociaciones con la secretaría de Seguridad Ciudadana. Al margen de las preocupaciones por las condiciones laborales en la Guardia Nacional, parte importante de sus reivindicaciones, las protestas de los policías apuntaban al mando militar de la nueva corporación.
No es un ningún secreto la animadversión entre la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Durante el sexenio pasado, cuando había operativos conjuntos, la sensación de la policía era que “a las Fuerzas Armadas les gusta coordinar, pero no que les coordinen”, según aseguraba a EL PAÍS un alto cargo de seguridad del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Los problemas afloraban de vez en cuando. El alto cargo de seguridad recuerda la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, en enero de 2016, que acabó en una pelea entre federales y marinos, por ver quién se apuntaba el tanto.
Equilibrado el poder de unos y otros pese al volumen mayor de efectivos del Ejército y la Armada desplegados en el país, la llegada al poder de López Obrador supuso un cambio fundamental. El presidente anunció el advenimiento de la Guardia Nacional y durante meses la discusión fue si tendría carácter civil o militar. Aunque en apariencia ganó la vía civil, el nombramiento de un general del Ejército al frente de la Guardia y el peso de las Fuerzas Armadas en los cursos de capacitación y las pruebas de admisión sugieren lo contrario. Más aún después de las declaraciones este jueves del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Cuestionado por el mando militar de la guardia, ha elevado el tono y ha cuestionado: “Díganme ustedes el nombre de un civil que tenga el reconocimiento y la capacidad para dirigir a 50.000 militares”.
Entre los reclamos de los policías federales figuran principalmente dos. Uno tiene que ver con un bono que los agentes cobraban cuando salían de operativo y que desaparecen bajo el esquema de la guardia. Otro tiene que ver precisamente con la desconfianza entre unos y otros. La cerilla que ha prendido en esta ocasión la llama de los reclamos fueron las pruebas de confianza que los policías tenían que pasar, pruebas controladas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido al asunto, siempre en tono crítico. “No hay motivo, ninguna razón. No es una causa justa”, dijo el miércoles el mandatario. “No se despide a nadie, se están pasando a 10.000 elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional. Eso si pasan la prueba. Esta policía se creó hace 20 años y no se consolidó, se echó a perder”. López Obrador apuntó que le parecía raro el conflicto y señaló incluso que “hay mano negra en este asunto”.
Este jueves, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente abundó en la teoría de la mano negra. “Los que estaban dirigiendo ayer -por el miércoles- el movimiento no trabajan en la Policía Federal. Los principales dirigentes pertenecen a organizaciones de otro tipo”. ¿Cuáles?, le preguntaron los periodistas. López Obrador no contestó. Más tarde, Durazo dijo que “este escenario ha sido aprovechado por grupos críticos con el Gobierno. No es casual que uno de los representantes de los inconformes pidiera que [el expresidente] Felipe Calderón fuera su representante sindical”. Durazo instó a los policías “inconformes” al diálogo, aunque dijo que su movimiento “no tiene razón de ser. Las molestias tienen que ver con la velocidad a la que se están llevando a cabo los cambios. Hemos tenido fallas en la comunicación”, reconoció. Durazo dijo además que el Gobierno auditará a la Policía Federal en su cierre y anunció que ya se han detectado malversación de fondos públicos.
Por la tarde, el expresidente Felipe Calderón ha salido al paso de las críticas de Durazo y ha exigido que o bien pruebe sus acusaciones, o las retire. “Niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy detrás de las protestas de los Policías Federales”, ha dicho Calderón, en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.
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