El Gobierno mexicano ha abierto una investigación sobre el derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés, una joya natural al noroeste del país. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha dado cinco días a Grupo México, la mayor minera del país y responsable del accidente, para que aporte información adicional sobre la fuga, ocurrida el martes en el puerto de Guaymas, en el Estado de Sonora. La investigación puede desembocar en sanciones económicas, si bien organizaciones ambientalistas critican el bajo monto de las multas y reclaman acciones más contundentes contra una empresa con un largo historial de accidentes.
El vertido del material, muy dañino para las especies marinas en una zona de gran diversidad biológica, ha puesto en marcha un procedimiento legal para evaluar los daños. Un día después de los hechos, Grupo México avisó a la Profepa del accidente, supuestamente causado por el fallo de una válvula en el momento de cargar una embarcación. El organismo ordenó entonces una visita a las instalaciones portuarias para determinar “la posible existencia de daños al ambiente”, según informó en un comunicado hecho público el jueves. La minera, la tercera mayor productora de cobre del mundo, tiene ahora cinco días más para añadir información mientras la investigación, que no tiene plazos de resolución, sigue su curso.
La ley mexicana obliga a las empresas involucradas en actividades riesgosas a tener un plan de respuesta ante emergencias de este tipo. Además, las instalaciones portuarias de Guaymas, desde donde Grupo México exporta cobre y ácido al resto del mundo, cuentan con un certificado de calidad ambiental según el último informe de sustentabilidad de la empresa. El certificado, supuestamente emitido en 2018 y con vigencia de dos años, reconoce mejoras en el “desempeño ambiental”. La minera, que recibió otros 17 reconocimientos de este tipo el año pasado, afirma que tenerlos es “fundamental para reforzar el compromiso”.
Estos reconocimientos que otorga la Profepa chocan, según critican varias ONG, con la repetición de accidentes como el del martes, el segundo derrame de la empresa en lo que va de año. En opinión de Miguel Rivas, de la ONG Greenpeace, las certificaciones se dan bajo protocoles “muy laxos” y suponen “herramientas publicitarias de lavado de cara”. El conglomerado minero, encabezado por Germán Larrea, segunda fortuna del país, lleva años exhibiendo sus inversiones sustentables, entre ellas un programa para la conservación del lobo gris, para contrarrestar una imagen marcada todavía por el vertido de 40.000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Sonora en 2014. El incidente, que dejó sin suministro de agua a varios miles de personas, es considerado el mayor desastre ecológico en la historia del país.
Una vez concluya la investigación, Grupo México puede enfrentarse a sanciones económicas por el impacto del vertido. Sin embargo, varias organizaciones ambientalistas consultadas consideran que estas son a menudo insuficientes para reparar el daño. Según Miguel Rivas, de Greenpeace, la multa para este tipo de derramas está entorno a los 100.000 dólares, cantidad que considera “ridícula”. En el caso del río Sonora, la empresa pagó 23 millones de pesos, poco más de un millón de dólares, en reparaciones por el daño causado.
Fernanda Hopenhaym, de la ONG Poder, que investiga el impacto de las actividades mineras en Latinoamérica, apunta a otras dos vías, previstas en la ley pero menos transitadas: la apertura de un procedimiento penal contra la empresa y la retirada de concesiones. “Son herramientas que se han usado muy poco”, asegura. “Falta contundencia frente a esta empresa”. Una postura que comparten políticos como Napoléon Gómez Urrutia, senador de Morena y líder del Sindicato Nacional Minero, quien el jueves se mostró partidario de una retirada de concesiones. “En el caso de (que) las violaciones pongan en riesgo la vida de las personas, que se les cancele la concesión”, dijo en entrevista radiofónica. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, del PRI, pidió el jueves a las autoridades federales que hagan “lo que tiene que hacer: jurídicamente y apegados a la ley”.
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