A puerta cerrada, en la improvisaba sede de un ayuntamiento por las protestas en el parlamento estatal, una mayoría de diputados de Baja California confirmaron definitivamente este martes por la noche la reforma que permitirá al gobernador de Morena, Jaime Bonilla Valdez, permanecer en el cargo cinco años, extendiendo los dos que había marcado una normativa de 2014. La reforma en el estado norteño, fraguada durante todo este mes, abre una nueva vía de agua en el partido en el poder en México. Mientras López Obrador ha reaccionado con tibieza, el Congreso federal, dominado por Morena, se ha opuesto frontalmente a la medida al considerarla inconstitucional. De fondo, se extiende la sombra de uno de los mayores tabús políticos del México moderno, el principio de no reelección de los gobernantes.
Desde la aprobación a principios de julio del texto confirmado este martes, los movimientos dentro del partido no se han detenido. López Obrador comenzó desmarcándose con nitidez, apoyándose en la autonomía de los poderes estatales, aunque, como en este caso, correspondan a su mismo partido, marcado por un fuerte liderazgo del presidente. “Si me hubiesen consultado como era antes y hubiese yo autorizado, como era antes, ¿cómo estaría hoy? Se me caería la cara de vergüenza”, declaró hace un par de semanas. Para matizar durante su rueda de prensa de esta mañana: “la no reelección es un tema de ideales, no de leyes”.
No es la primera vez que el presidente mexicano recibe críticas por coquetear con ambigüedad en torno a uno de los pilares de la democracia mexicana desde la Revolución. La no reelección fue la bandera de Francisco Madero durante el levantamiento contra el dictador Porfirio Díaz y está marcado a fuego en la constitución desde 1933.
López Obrador se vio obligado en marzo a prometer por escrito y en una carta que descartaba la reelección para su propio mandato: “Reafirmo que no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo”. La polémica se había iniciado con la iniciativa de revocación de mandato del presidente en 2021, que podría abrir la posibilidad de llevar a las urnas la continuidad de López Obrador y reduce los requisitos para celebrar consultas populares.
La postura de la Secretaria de Gobernación tampoco ha sido muy rotunda. “Como ministra, condeno y rechazo esto como una violación constitucional, pero como secretaria tengo que ser muy respetuosa con la decisión de un congreso local”, señaló Olga Sánchez Cordero, protagonista de otra de las crisis que ha vivido Morena en el año que lleva en el poder. Como secretaria de Gobernación, de su cartera dependen las competencias de migración. Pero su papel e influencia durante el conflicto diplomático con Donald Trump se vio opacado por la hiperpresencia del canciller, Marcelo Ebrard. Hasta el punto de que el responsable del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, fue despedido en medio de la crisis.
Como también sucedió durante la pugna diplomática con EE UU, uno de los mayores críticos ha vuelto a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Porfirio Muñoz Ledo ha adelantado que están trabajando en la impugnación de la medida tanto por la vía de la controversia como de la acción de constitucionalidad, además de deslizar que también barajan opciones más radicales: “Ahí vamos, hay otra solución, que es la desaparición de Poderes, la estamos estudiando, pero hay que hacerlo”.
La reforma de Baja California ha contado con el apoyo de diputados del PAN, derecha mexicana, que domina el parlamento estatal. De los 16 votos que certificaron la mediada, siete son panistas. Todos, menos uno, han anunciado este miércoles su renuncia al partido. A este grupo hay que añadir tres diputados panistas más que aprobaron en primera instancia la llamada “ley Bonilla” y que están bajo investigación de la dirigencia nacional del partido y apercibidos de expulsión.
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