Señala que “hubo pocos avances para mejorar las prácticas de derechos humanos durante la gestión de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto”.
En su informe anual, Human Rights Watch señaló que “el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre de 2018, heredó una catástrofe de derechos humanos originada en la violencia extrema de la delincuencia organizada y los abusos generalizados por parte de militares, policías y agentes del Ministerio Público”.
Expuso que “hubo pocos avances para mejorar las prácticas de derechos humanos durante la gestión de su antecesor, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018)”. Y es que “miembros de las fuerzas de seguridad siguieron perpetrando ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. La impunidad por estos delitos continúa siendo la regla. Diversas leyes promulgadas en 2017 podrían contribuir a abordar los problemas de tortura y desapariciones, aunque su implementación ha sido lenta”, denunció.
Abundó que “es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema de justicia penal mexicano. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos”.
Anotó que “México ha usado activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada, ambas vinculadas al narcotráfico, y esto ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4.600 denuncias sobre presuntos abusos cometidos por militares”.
E indicó que “los esfuerzos para que se haga justicia ante estas violaciones siguen siendo infructuosos”. Recordó que en noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia derogó la ley de seguridad interior, pero la misma semana que se emitió esa sentencia, López Obrador anunció que su gobierno tenía intención de reformar la Constitución para crear una Guardia Nacional, controlada por las fuerzas militares, que estaría encargada de preservar la seguridad pública.
Por otra parte, estableció que “es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica más frecuentemente en el período desde que las víctimas son detenidas, a menudo arbitrariamente, y hasta que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público. Durante este tiempo, las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención ilegales”.
En otro tema, agregó que “desde 2006, las desapariciones forzadas a manos de miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han sido un fenómeno extendido. Organizaciones delictivas también han sido responsables de numerosas desapariciones. En octubre de 2018, el secretario de Gobernación anunció que aún se desconocía el paradero de más de 37.400 personas desaparecidas desde 2006. Según la CNDH, más de 3.900 cuerpos han sido hallados en más de 1.300 fosas clandestinas desde 2007″.