Por @dayan_jacobo
Estando en campaña tanto AMLO como parte de su equipo, Olga Sánchez Cordero y Loretta Ortiz, arrojaron a la discusión nacional una propuesta que debía ser analizada y discutida a profundidad. Parecía una buena y valiente alternativa. El término de justicia transicional y sus componentes: verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición se fueron detallando durante los siguientes meses hasta llegar a los Foros realizados con las víctimas.
Allí se desechó la propuesta de “perdón y olvido” bajo el reclamo de verdad y justicia, la exigencia de búsqueda de personas desaparecidas, la política de drogas, un nuevo modelo de seguridad que ofrecía retirar paulatinamente a las fuerzas armadas, y otros mecanismos como la posibilidad de amnistías. Se comenzó a conformar una agenda de justicia transicional.
Durante el Segundo diálogo por la verdad, la justicia y la paz, realizado el 14 de septiembre, AMLO encargó esta agenda a Alejandro Encinas. Desde entonces se conformaron mesas de trabajo, en las que participé y coordiné hasta hace unos días, para la consolidación de esta agenda. Este proceso contó con los aportes de decenas de personas de organizaciones de sociedad civil, academia, colectivos de víctimas, activistas y expertos nacionales y extranjeros. Cabe destacar que los miembros del actual gobierno dieron un seguimiento distante a este trabajo. Todos los compromisos adquiridos por ellos para el inicio de su gobierno no se han cumplido. Hasta ahora no ha sido prioritario.
AMLO se comprometió el 8 de mayo con la creación de una Comisión de la Verdad nacional y con un Mecanismo internacional contra la impunidad. Posteriormente, el 14 de septiembre, afirmó que “al momento en que llegue a la presidencia…pedir(ía) perdón a todas las víctimas de la violencia”. Olga Sánchez Cordero afirmó en julio durante una conferencia en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México que la agenda de justicia transicional era urgente y una responsabilidad histórica.
Por último, en el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el gobierno, el sexto punto hablaba de la implementación de justicia transicional para lograr la pacificación. Cabe recordar que a grandes rasgos, la justicia transicional busca hacerse cargo de un pasado violento y comenzar a retornar a una normalidad democrática.
Ahora estamos en un escenario distinto. Con la inminente normalización del estado de excepción mediante la Guardia Nacional, la oferta reiterada de impunidad bajo el desafortunado término de “punto final” y una Fiscalía que no será autónoma, el país se encuentra en un rumbo que no apunta, ni cerca, a la normalización democrática. No hay justicia transicional con militarización ni con impunidad. La justicia transicional deberá esperar. No habrá condiciones, ni siquiera de seguridad, para iniciarlo.
Sin embargo, la crisis humanitaria debe ser atendida. El gobierno debe cambiar su narrativa y empezar a formular, de manera urgente como lo exige la realidad, mecanismos extraordinarios contra la impunidad y el olvido, modelos de reparación acordes a la realidad y un sistema de búsqueda de personas realmente efectivo.
¿Cumplirá AMLO con su promesa de un Mecanismo internacional contra la impunidad similar a la CICIG o también cambiará de opinión como lo hizo con la presencia militar en tareas de seguridad? ¿Será creada la Comisión de la Verdad nacional o solo fue utilizada como argumento de campaña? ¿Se implementará, con recursos suficientes, un verdadero Sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas como lo exigen los colectivos de víctimas o seguirá el Estado colocando esta carga en los familiares de las víctimas? ¿Habrá un modelo de reparación integral propio de nuestra realidad o se seguirá atendiendo con una visión asistencialista?
La justicia transicional no es posible por ahora. No se escuden en ese término, no lo llenen de contenido a su conveniencia. Sean serios y responsables. Mientras se dan las condiciones, sociedad civil, víctimas y academia seguiremos profundizando el estudio, la documentación y las propuestas para un futuro proceso de justicia transicional. Sin embargo, la crisis sigue allí y es responsabilidad del gobierno atenderla. No sigan posponiéndolo.
*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.