La integrante del Sistema Nacional Anticorrupción criticó la falta de transparencia en la compra de más de 500 pipas para dar solución al problema del reparto de combustibles.
Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), reconoció la urgencia del gobierno por realizar la compra de 500 pipas para dar solución al problema de reparto de combustible.
Sin embargo, en entrevista para #AristeguiEnVivo cuestionó que el proceso se realice a través de asignación directa “sin explicaciones” y sin dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones.
“Preocupa que no hayan incluido observadores ni testigos sociales y que no haya información, datos duros“, dijo Levy, quien el pasado viernes envió al presidente Andrés Manuel López Obrador una carta para solicitar un espacio como observadora de la Comisión encargada de realizar la transacción de las pipas, pues enfatizó la importancia de transparentar el proceso y acatar la ley.
Hasta ahora no ha recibido respuesta ni del jefe del Ejecutivo ni de las tres participantes de la Comisión.
“Son 85 millones de dólares, se están comprando bienes muy importantes y desgraciadamente no tenemos información, no solo de la pertinencia de la compra sino de ¿por qué hacerlo en Estados Unidos?, ¿por qué esa cantidad?, ¿por qué esas pipas garantizan mejores condiciones al Estado mexicano?”, manifestó.
Levy expresó que su posición por fungir como observadora no se limitaba a la Comisión sobre las pipas pues su voluntad va dirigida que miembros del Comité de Participación Ciudadana comiencen a ser incluidos en futuras Comisiones.
Recordó que fue el mismo López Obrador y “la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, (quienes) han insistido en que exista esa participación ciudadana” y en este caso, ni ciudadanos, ni testigos sociales fueron convocados.
Agregó que este método de asignación directa no se limita al asunto de las pipas y destacó que algo similar ocurrió con la distribución de las Tarjetas del Bienestar, las cuales están a cargo de Banco Azteca.
Este proceso también se realizó bajo una asignación directa, sin licitación y lo convirtió en el único banco con esta responsabilidad.
“Tanto en la Ley de Adquisiciones como en la Constitución se establece que la regla general es la licitación pública, solo por excepciones establecidas en la misma ley se pueden hacer adjudicaciones directas o invitación a tres personas”, explicó.
Sobre la actuación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó que es muy importante que estén como gobierno pero falta el componente ciudadano. “Por eso me extraña y me preocupa que no hayan incluido a observadores y testigos sociales y que no haya ninguna información”, concluyó Levy.