La integrante del Grupo de Asesoría Técnica de la CIDH lamentó la injusticia mayor con los padres de Ayotzinapa, que siguen sin saber la verdad de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Luego de la liberación de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, quien era considerado como una de las personas que operó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Ángela Buitrago, integrante del Grupo de Asesoría Técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló que esto es consecuencia de la acción de diversas personas que sabían que podían poner en riesgo la investigación.
“Lamentablemente llegamos a un punto que nosotros habíamos anunciado hace dos años, pero en un estado democrático de derecho, un tema de tortura debe ser tomado con toda la seriedad”, señaló.
Indicó que la sentencia emitida por Juan Manuel Trespalacios Castán, secretario de Juzgado en funciones de juez, “son argumentos de protección a derechos humanos y a procedimientos” y que “el tema particular a entender, es que las investigaciones se deben de realizar dentro de los marcos legales. La ilegalidad solo produce estos resultados”.
Lamentó que “por tener un resultado rápido, resulta que tenemos graves problemas y la injusticia mayor es con los padres porque no saben la verdad y porque lo que podía haberse sabido en su momento, fue lamentablemente dañado con esta ilegalidad, y eso termina siendo nefasto también para la justicia e investigación”.
No obstante, dijo que la gran ventaja es que se siguen investigando una serie de líneas y que la absolución podría discutirse por las vías legales. “Las decisiones pueden ser recurribles y desde ese punto de vista tendría la opción de que fuera revisada por una segunda instancia”.
Buitrago expresó que se debe seguir insistiendo en una investigación veraz y legal que pueda definir tanto a los autores reales como a los hechos”. Y aunque consideró que una Comisión de la Verdad sería una medida alternativa interesante porque hay posibilidad de no judicializar los hechos y que las personas hablen con mayor tranquilidad, manifestó que un camino muy importante debe ser la justicia formal.
“La justicia formal no quita la posibilidad de que haya una Comisión de la Verdad que acerque ciertos elementos y obviamente la justicia tiene el deber de investigar estos hechos que son violatorios de delitos de esta naturaleza, pero sobre todo con el carácter absolutamente internacional de lesa humanidad”, expuso.
Explicó que al integrar una Comisión de la Verdad se generan dos posibilidades: “que tenga mayor información que no pueda judicializar y entonces también se queda sin sanción, sin reproche real el comportamiento de muchos sectores, o definitivamente actuar con las dos herramientas que creo que sería fabuloso para un Estado que quiere saber la verdad”.
La ex integrante del GIEI reiteró que muchas de las personas que están en la investigación son importantes para saber realmente qué pasó, pero sostuvo que el problema es que al generar la tortura se atomizó el resultado de la investigación y que mientras no haya una decisión judicial, no se pueden atribuir cargos.
“Me parece que lo importante en este momento es que hay una sentencia que también tiene recursos. Esa sentencia debe ser objeto de recurso para mirar si los criterios que tuvo el juez son acertados porque hay elementos que permiten llegar a otras conclusiones”, finalizó.