El Senado debe garantizar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos en su convocatoria, dijeron.
Organizaciones de la sociedad civil llamaron al Senado de la República a realizar una convocatoria plural para iniciar el proceso de designación de la nueva presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Artículo 19, Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y 113 organizaciones más recordaron que el nombramiento de la nueva persona titular de la CNDH debe estar en concordancia con los Principios de París, elaborados en 1991.
De acuerdo con éstos, el nombramiento de la persona que sustituirá a Luis Raúl González Pérez, quien este año concluye su encargo, “deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la participación”.
Por ello, las organizaciones de la sociedad civil y 77 personas que firmaron el pronunciamiento en lo individual, pidieron al Senado realizar la convocatoria de manera participativa y que el documento dé certeza jurídica sobre cada una de las etapas de la designación y los criterios que guiarán las decisiones del proceso.
Además, solicitaron que la designación se desarrolle “en mejores términos que las realizadas por Legislaturas pasadas” y que se garantice el principio de máxima publicidad.
A continuación, el comunicado íntegro:
En el marco del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Senado de la República, hay en la agenda una designación que cobra una relevancia sustancial para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de quienes viven o transitan por México. Se trata de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), institución fundamental ante la grave crisis de derechos humanos, violencia e impunidad que atraviesa el país.
Las más de 40 mil personas desaparecidas, los más de 300 mil homicidios, las tres mil fosas clandestinas, los 26 mil cuerpos sin identificar y los nueve asesinatos de mujeres que suceden, en promedio, cada día, ponen en evidencia la crítica situación del país.
Ante esta grave realidad, es indispensable que la designación que llevará a cabo el Senado de la República garantice un proceso que permita contar con un perfil con amplio conocimiento en materia de derechos humanos y con demostrada independencia e imparcialidad para estar al frente de dicha institución, precisamente por la enorme responsabilidad y relevancia de la CNDH.
Los Principios de París –que refieren al funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos– establecen que el nombramiento de sus titulares “deberá ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la participación”.
En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil, colectivos, especialistas, académicos/académicas y personas defensoras de derechos humanos que suscribimos este pronunciamiento hacemos un llamado al Senado de la República para que:
1. Realice de manera participativa la convocatoria con la cual dará inicio esta designación y a partir de este documento se dé certeza jurídica sobre cada una de las etapas y criterios que guiarán las decisiones del proceso;
2. Desarrolle una designación en mejores términos que las realizadas por Legislaturas pasadas;
3. Garantice el principio de máxima publicidad del proceso, privilegiando la transparencia proactiva, al ser de gran interés público toda la información de esta designación;
4. Establezca mecanismos efectivos de participación ciudadana y de parlamento abierto, poniendo especial énfasis en la inclusión de las víctimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones defensoras de derechos humanos;
5. Defina criterios claros y objetivos para evaluar a las y los candidatos y con esta base dé pauta a un análisis riguroso de sus cualidades y méritos profesionales para asumir dicho cargo;
6. Rinda cuentas de manera amplia y exhaustiva de las decisiones tomadas, a partir de fundar y motivar las razones que sustentan cada decisión; y
7. Garantice la igualdad y no discriminación, en particular la equidad de género, en la valoración de las candidaturas propuestas.
Estamos convencidas que el buen desempeño de las instituciones pasa necesariamente por designaciones que aseguren estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas, por lo que, las y los senadores tienen la enorme responsabilidad de construir confianza y dotar de legitimidad a esta designación clave para el futuro de México, y de quien encabezará uno de los máximos órganos de protección de los derechos de las personas frente al Estado.