María Luisa Villanueva Márquez, acusada de haber participado en un secuestro en tiempos del exgobernador Jorge Carillo Olea, pide al fiscal que investigue con perspectiva de género.
Por Estrella Pedroza
Después de 21 años en prisión María Luisa Villanueva Márquez, acusada injustamente de haber participado en un secuestro en el periodo del ex gobernador Jorge Carillo Olea, logró que un juez le concediera un amparo para que la Fiscalía General Estatal (FGE) investigue la tortura a la que fue sometida por policías del Grupo Antisecuestros en 1998 cuando fue detenida.
El pasado 27 de agosto el Juez Sexto de Distrito determinó amparar a María Luisa al considerar que el delito de tortura que denunció no prescribe y ordenó a la FGE que inicie las investigaciones para determinar las condiciones en las que fue detenida y acusada.
El 28 de agosto fue notificada la FEG y contó con 10 día hábiles para iniciar un recurso de revisión un Tribunal Colegiado, el plazo se agotó el pasado 10 de septiembre.
Ahora, Uriel Carmona Garanda, fiscal estatal, tiene hasta el próximo viernes para ordenar el inició de las investigaciones y de no hacerlo podría hacerse acreedor a multas y sanciones, informó, Eutiquio Dimían Santiago, abogado de María Luisa desde junio 2014 cuando rescató el caso en busca del reconocimiento de inocencia.
A los 15 minutos de haber iniciado el encuentro con los medios de comunicación, María Luisa fue enlazada vía telefónica para exigir al fiscal frene la revictimización a la que por más de 20 años esta instancia -primero la Procuraduría General de Justicia y hoy la FGE- la ha sometido y ha violentado una y otra vez sus derechos.
“La mayor dificultad que encontré en el camino es la resistencia de la antigua Procuraduría, cuyos operadores inferiores han puesto toda suerte de obstáculos. En mi reclamo intenso de lucha se me ha concedido en dos ocasiones un amparo, la última con fecha del 27 de agosto y corresponde a usted atender de ahí que le pido de forma muy comedida que se agilice la investigación ya ordenada por la justicia federal con altura de miras con honradez, rectitud profesionalismo y se garantice mi derecho legítimo el acceso a la justicia que hasta hoy las autoridades estatales se me han negado“, dijo.
Y recalcó que fue detenida, acusada , juzgada y obligada a pagar una condena a 30 años de prisión por un delito que no comentó y en medio de un proceso judicial con diversas irregularidades y omisiones puesto que fue torturada y fabricaron pruebas y testigos.
“Solo puedo darles a ustedes la garantía de mi palabra, tengo las manos limpias, no soy culpable y siguiendo la divisa del señor presidente de la república no quiero venganza solo quiero justicia”, añadió.
Y en la nueva etapa de lucha -reiniciada en 2014- María Luisa presentó una denuncia ante la aún PGJ – a cargo de Rodrigo Dorantes (ubicado por que fue el periodo donde se permitió la inhumación clandestina de las fosas de Tetelcingo) reclamando el reconocimiento de su inocencia y denunciando la detención ilegal, la tortura y las irregularidades por las pruebas y testigos.
Pero rápidamente la PGJ respondió que todo lo reclamado había prescrito.
Hoy sus amigos, familiares y defensor legal piden que se investigue utilizando el protocolo para aplicar justicia con perspectiva de género.
Detención irregular y tortura
María Luisa es originaria de la comunidad El Ocotillo situada en el municipio de Coyuca en el estado de Guerrero, fue condenada a 30 años de prisión acusada de ser parte de una banda de secuestradores y por haber secuestrado el 22 de junio de 97 a una niña de nombre “Sara”, así consta en la causa penal 06/1998.
El 6 de enero 1998 María Luisa cenaba junto con Catalino Martínez Jiménez -su entonces pareja- en el restaurante “Los Porkys”, situado en la colonia Galeana del municipio de Zapatepec, cuando irrumpió un grupo de Agentes de la Policía Antisecuestro del Estado de Morelos -entre ellos según constan en la puesta a disposición iban José Guadalupe Reyes, Fernando Paredes Meza y Edgar Chávez Rodríguez-, iban con rostro cubierto por pasamontañas.
Durante cuatro días fue sometida a todo tipo de tortura, golpes, abuso sexual, vejaciones y amenazas.
Después fue trasladada junto con otras personas a la entonces Procuraduría General del Estado (PGJ) en los separos nuevamente fueron golpeados y amenazados de decir si a todo lo que se les preguntara.
Lo siguiente fue un careo lleno de irregularidades donde fue inducida la identificación, luego se aseguró que fue detenida en posesión de joyas que fueron recuperadas un mes atrás en la detención de un grupo de secuestradores que confesaron haber secuestrado a otro niño y a la niña “Sara”.
En esa época la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estaba a cargo de Carlos Peredo Merlo y el Grupo Antisecuestros a cargo de Armando Martínez Salgado, mientras que la Policía Judicial estaba bajo la dirección de Jesús Miyazawa Alvarez, tiempo después se conoció que desde esa instancia se coordinaba secuestros y se torturaban personas para obligarlos a declarar culpables de diversos delitos entre ellos plagios.