Guadalupe Michel Lima solo alcanzó a escuchar: “¡Agáchese, maestra!”, mientras las balas impactaban en el coche en el que viajaba junto a su escolta el pasado 20 de enero. Dos sicarios a bordo de una motocicleta se emparejaron con su auto e intentaron asesinarla en la alcaldía de Iztapalapa, en Ciudad de México. Lima oyó al menos seis detonaciones.
Testigo clave en el caso del feminicidio de su hermana, Mariana Lima, no es la primera vez que Guadalupe sufre un ataque así. Su familia no duda que detrás de esta agresión está el principal sospechoso del asesinato de Mariana, el que fuera su esposo, Julio César Hernández, excomandante de la Policía Judicial de Chimalhuacán (Estado de México).
“Está en el penal de Neza Bordo y ahí tiene poder, tiene amigos. Cualquiera en la zona oriente le debe un favor”, dice Irinea Buendía, la madre de las dos chicas, que se volvió la cara visible de la lucha contra los feminicidios en México tras el asesinato de su hija.
En 2010, Mariana Lima fue encontrada muerta en su casa del Estado de México con marcas de estrangulamiento. Las autoridades dieron carpetazo al caso basándose en el testimonio del marido que declaró que Lima se había suicidado. La familia de la mujer nunca creyó esa versión y escaló el asunto hasta llegar a la Suprema Corte. Cinco años después, el máximo órgano del Poder Judicial mexicano ordenó reabrir el caso e investigarlo como un probable feminicidio, lo que puso en evidencia la actuación negligente y omisa que tuvo la Fiscalía del Estado de México.
La familia, originaria de Ciudad Nezahualcóyotl entró en el programa de protección de testigos de la Secretaría de Gobernación y se vio forzada a dejar su casa. “Estamos muy enojados, ya han atentado contra mis hijos varias veces”, dice Irinea Buendía. “A partir de que asesinaron a Marianita empezaron los problemas”, cuenta desde el otro lado del teléfono. El mismo día del ataque se había producido una de las últimas audiencias del juicio, una sesión “tensa”, según Buendía, tras la que se espera se dicte una sentencia condenatoria.
El caso de Mariana Lima abrió el camino de la justicia a otras víctimas, creando jurisprudencia para que toda muerte violenta de una mujer en México sea investigada con perspectiva de género. Como sucedió con el feminicidio de Lesvy Rivera Osorio, la joven asesinada por su novio en 2017 en el campus universitario de la capital mexicana.
“La sentencia de la Suprema Corte plantea criterios para tomar en cuenta los contextos de violencia que viven las mujeres cuando hay una relación sentimental con el victimario y estos tienen algún poder al ser policías o militares”, explica María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Nacional del Feminicidio. “No solo hay que juzgar con perspectiva de género, hay que investigar y hacer peritajes con perspectiva de género”, agrega.
México cerró 2019 como el año más violento de su historia reciente, también para las mujeres con 3.500 asesinadas, de las cuales solo 1.000 casos fueron clasificados como feminicidio. “No nos cierran las cifras. Hay muchas deficiencias y errores periciales en las investigaciones”, explica Estrada.
La especialista pone al Estado de Tamaulipas, uno de los más violentos del país, como ejemplo. Allí solo se han contabilizado 13 feminicidios de un total de 1.400 homicidios, de acuerdo con datos oficiales. “Según nuestros cálculos, más del 50% de los asesinatos de mujeres en México calificados como homicidios dolosos tienen rasgos de feminicidios”, concluye.
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