Es necesario sancionar a los militares que ocultaron los datos durante cinco años, afirma Catalina Pérez Correa, académica del CIDE.
La Secretaría de la Defensa Nacional transparentó, luego de cinco años y nueves meses, las cifras de civiles abatidos en enfrentamientos con soldados, por lo que ahora se puede saber que de diciembre de 2006 a septiembre de 2019, el Ejército mexicano mató a 5 mil 396 personas en enfrentamientos.
En la conferencia mañanera de este lunes, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, presentó un cuadro titulado “Índice de letalidad”, con las categorías de: “agresores fallecidos”, “agresores heridos”, “agresores detenidos”, “agresiones a las fuerzas federales”, “autoridades fallecidas”, “autoridades heridas” y el “índice de letalidad”, de diciembre de 2006 a septiembre de 2019.
Según este reporte, durante el periodo se registraron 5 mil 83 “agresiones” a las fuerzas federales, 4 mil 266 detenciones, 747 “agresores heridos” y 5 mil 396 fallecidos.
Antes de abril de 2014, era posible conocer estos números mediante una solicitud de información pública, pero durante la administración de Salvador Cienfuegos el Ejército canceló el acceso a esta información, argumentando que no generaba la estadística porque legalmente no era su obligación.
Anteriormente también reportaba el rubro de “Víctima ajena a los hechos fallecida”, el cual no se incluyó en la conferencia mañanera de este lunes.
Desde 2014, investigadores del Programa de Política de Drogas del CIDE y Artículo 19 intentaron acceder a la información vía transparencia, pero Sedena se negó a cumplir las resoluciones del INAI.
RESPONSABILIDADES A QUIENES OCULTARON DATOS
Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) afirmó que es necesario que se determinen responsabilidades para los funcionarios que ocultaron los datos durante cinco años, pese a que los consejeros del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Inai) concluyeron que la información debía ser pública.
Afirmó que la cifra presentada por Sedena no puede ser considerada un “índice de letalidad” porque a nivel internacional este indicador se obtiene al sacar una relación entre heridos y fallecidos, pero en el caso de Sedena, sumaron heridos y detenidos y le restaron los fallecidos.
Alertó sobre el uso de categorías en la tabla presentada por el secretario de la Defensa, pues mediante la terminología las fuerzas armadas, precalifican a las víctimas civiles como “agresores” sin que exista ninguna justificación.
Sostuvo que esta terminología permite justificar la fuerza letal y permite el registro de “falsos positivos”, como los estudiantes del Tecnológico de Monterrey asesinados por soldados y quienes originalmente fueron identificados como narcotraficantes.