Los familiares de los mineros fallecidos esperan que el rescate inicie el próximo 1 de septiembre en cumplimiento al acuerdo del presidente López Obrador con las familias del 23 de octubre pasado.
A casi 15 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, los familiares de los trabajadores que murieron atrapados en el siniestro exigieron al Gobierno federal que cumpla con su compromiso de iniciar los trabajos de rescate.
A través de un comunicado, los deudos de los mineros denunciaron que ha resultado “sumamente desgastante seguir esperando a que se inicien los trabajos en campo”, pues han transcurrido ya 15 años de la tragedia, y más de 10 años de iniciado el litigio interamericano derivado de la falta de respuestas y negligencia a nivel nacional.
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“Esperamos que se avance en acciones concretas para que el rescate inicie el próximo 1 de septiembre, en cumplimiento al acuerdo del Presidente con las familias del 23 de octubre pasado”, manifestaron los familiares.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) presentó el 24 de octubre pasado un plan en cinco etapas para el rescate de cuerpos de los 65 mineros que murieron en 2006. Las obras tendrían un costo de 2 mil millones de pesos, y tienen contemplado empezar en septiembre de 2021, para concluir en agosto de 2024.
Una semana después la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, anunció que los deudos recibirán una indemnización de 3.7 millones de pesos, un monto que se ha otorgado en otros casos llevados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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En su comunicado, los familiares de las víctimas insistieron en que “el rescate de los mineros ha sido en todo momento la prioridad de las familias, incluso frente a otras medidas de reparación”.
“Las familias de los obreros también deseamos puntualizar que no hemos renunciado a la realización de una investigación con debida diligencia para asignar las responsabilidades asociadas a que ocurriera la tragedia, pues bajo un esquema de adecuada supervisión, pudo haberse evitado”, enuncia el documento.
También destacaron la importancia de adoptar medidas de previsión social y seguridad para los trabajadores de las minas de carbón, para no se repitan accidentes similares, al considerarlas “una de las fuentes de trabajo más peligrosas que existen”.
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“Esto resulta particularmente relevante dado que la Comisión Federal de Electricidad (empresa paraestatal que participa del rescate de los mineros) continúa comprando carbón a minas sin cumplir con la legalidad y seguridad en la región”, puntualiza.