Desde al menos 2017, muchos de los uigures apresados han sido enviados, sin garantías judiciales, a los que el gobierno chino llama “centros de educación y entrenamiento”.
En la semana del 19 al 25 de junio de 2017, el gobierno chino identificó como “sospechosas” de extremismo a 24 mil 412 personas de su minoría musulmana, de las cuales 706 acabaron en la cárcel, otras 15 mil 683 recalaron en lo que Pekín denomina eufemísticamente “centros de educación ideológica y entrenamiento profesional”, que son campos de internamiento donde se vive la represión del régimen chino contra la etnia uigur, pues los reclusos entran sin juicio previo y permanecen al menos un año, hasta que culmina su “transformación ideológica”.
Estas operaciones masivas, vigentes en la actualidad, se desarrollan bajo el más estricto secreto gracias a un macrosistema de vigilancia y procesamiento de datos personales. Los detalles están incluidos en una serie de documentos confidenciales intercambiados entre altos funcionarios de la administración del Partido Comunista de China (PCC) y dan luz sobre la magnitud de la represión a la que la segunda potencia mundial somete a esta población musulmana residente en Xinjiang, en la franja noroeste del país.
Alrededor de 11 millones de uigures residen en la zona; es la etnia predominante en la frontera oeste del gigante asiático; en el resto del país, la mayoría de ciudadanos chinos, así como los cuadros de poder del régimen comunista, pertenecen a la etnia han.
Los documentos secretos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas en inglés) y compartidos con 17 medios —entre ellos El País– permiten recrear los métodos que ha puesto en marcha el gobierno de Xi Jinping para encerrar a alrededor de un millón de uigures en centros de reclusión, según cifras avaladas por la ONU.
Los archivos documentan también condenas sin pruebas y caza a los exiliados a través de su red de embajadas. Esta represión, sistemática, organizada y masiva, se sirve de una plataforma digital que agrega innumerables datos a partir de técnicas que van desde el uso de aplicaciones móviles hasta el reconocimiento facial a través de cámaras. Actúa como un sistema de sistemas de vigilancia y seguimiento para identificar a “sospechosos”. El gobierno de Pekín, consultado por el diario español, niega la represión y asegura que las protestas separatistas en Xinjiang han convertido a la región en “un campo de batalla clave contra el terrorismo y el extremismo religioso”.
Entre los archivos obtenidos por el ICIJ, datados en 2017 —año en el que el régimen de Xi Jinping recrudeció su ofensiva contra los uigures—, destaca un telegrama confidencial firmado por Zhu Hailun, entonces máximo responsable de seguridad en Xinjiang y número dos político en la región. Dirigido a todas las prefecturas locales, da indicaciones directas sobre cómo gestionar estos centros que denominan de “educación ideológica” y “entrenamiento“. Detalles como el doble cierre de las puertas de los dormitorios de los llamados “estudiantes” o la existencia de un sistema de videovigilancia sin ángulos muertos ilustran bien la severidad de los protocolos. Los internos permanecen en el centro hasta alcanzar las puntuaciones requeridas en los frecuentes exámenes y completar su “desradicalización”.
Xinjiang, con 23 millones de habitantes —la mitad de la población de España—, es una de las regiones prioritarias para Pekín en su campaña por la “estabilidad” y contra el “terrorismo”. El gobierno ha admitido en 2018 la existencia de los campos, defendiendo su utilidad en la lucha contra el extremismo islámico. En 2017, año en el que se recogen los primeros testimonios de la presencia de campos de internamiento, el número de detenidos se multiplicó por ocho respecto al año anterior. Según datos oficiales, los 227.000 presos de la región representaban un 21% de los presos de todo el país.
El entrenamiento ideológico fuerza a los uigures, que hablan una lengua túrquica más cercana al uzbeko que al chino, a aprender el mandarín, idioma oficial en el país, hasta introducirlo en su día a día. El personal de los campos debe “resolver con eficacia las contradicciones ideológicas de los estudiantes y alejarles de las malas emociones”, explica un boletín. “Empezando por la vida diaria, la salud, la etiqueta y las buenas maneras, reforzando el control y los hábitos y cultivando la buena salud de los estudiantes, la civilización, la cortesía y la obediencia”, prosigue. Está prohibido, como han demostrado testimonios de periodistas y exinternos recogidos por el ICIJ, utilizar la expresión “salaam alaikum”, un saludo en árabe utilizado por la comunidad musulmana.
Además del control, el día a día del centro sirve para “resolver los problemas ideológicos” de los internos. Los guardias deben vigilar sus “emociones anormales” en nombre de la seguridad del lugar y para evitar “muertes anormales”. Los posibles fallecimientos en los campos, de los que hay una única mención en los documentos, encuentran ecos en las denuncias de los refugiados uigures en otros países. Algunos testimonios, que citan a policías anónimos, han denunciado la muerte de al menos 150 personas en el campo de Aksu, en el norte de la región.
(Con información de El País)