‘¿A poco no vale nada la vida indígena?’, cuestionan pobladores de Pantelhó que tomaron la justicia en sus manos

Por Ángeles Mariscal

El olor a quemado, el humo que sale de decenas de viviendas de la cabecera municipal de Pantelhó, inunda las calles y llega hasta la presidencia municipal, hasta el kiosko de la plaza central, donde miles de pobladores se concentraron tras catear y quemar las viviendas y negocios de personas a las que acusan de ser integrantes del crimen organizado. En las calles hay muebles y objetos destruidos, como escena surgida de una guerra recién librada.

Esperaron más de diez días a que las autoridades actuaran contra sus agresores; no solo no actuaron, sino que personas identificadas de participar en actividades ilícitas, que habían huido del pueblo tras la salida a la luz pública del grupo de autodefensa “El Machete”, empezaron a regresar a esta localidad ubicada en la zona Altos de Chiapas. Ante este escenario, decidieron tomar la justicia en sus manos.

Una pistola tipo escuadra, drogas y cartuchos, permanecieron a la vista, durante casi dos semanas, en el piso de una de las ocho viviendas de la calle Obregón, de la cabecera municipal de Pantelhó, a las que la Fiscalía de justicia de Chiapas colocó desde el 13 de julio, un sello con la leyenda “Carpeta de Investigación C.I.0301-078-1001-2021 Inmueble asegurado”.

Ni una diligencia ministerial más se realizó en esta, ni en ninguna de las viviendas aseguradas. A decir de la población de Pantelhó, hubo inacción de las autoridades. A esta inacción se sumó que el pasado viernes 23 de julio el gobierno de Chiapas promovió el retorno de personas desplazadas, y entre ellas, regresaron a la cabecera municipal vendedores de armas, drogas, y familiares de funcionarios del gobierno municipal, acusados también de ser parte de grupos de la delincuencia organizada.

Habían salido luego que el 7 de julio las autodefensas “EL Machete” intentaron entrar a la cabecera y expulsarlos, tras el asesinato del ex presidente de Las Abejas de Acteal, Simón Pedro.
El fin de semana pasado regresaron, cuando policías estatales y elementos del ejército mexicano resguardaban el municipio. “Mi familia regresó porque se supone que estaba seguro el pueblo”, explicó Wendy Lorena López, una de las funcionarias del gobierno municipal que aparece en la lista de funcionarios que las autoridades rurales municipales de Pantelhó acusan de ser cómplice de los grupos delictivos.

Al ver el retorno de ex funcionarios y habitantes de las casas aseguradas, pobladores de los 18 barrios de la cabecera municipal se reunieron en una asamblea, pidieron a la Fiscalía detenerlos, revisar las viviendas de sus agresores, catear los negocios de “Los Herrera”, nombrados así por Austreberto Hererra Abarca, el presunto cabecilla del grupo delincuencial local.

Personal de la Fiscalía que se encontraba en la asamblea, les dijo que no, que no tenían orden del juez. Entonces los pobladores tomaron la decisión: entrar a las viviendas y detener a sus agresores, catear sus negocios, hoteles, tiendas de abarrotes, de acopio de café, ferreterías, farmacias… quemarlo todo.

Les tomó un día y una noche. La mañana del martes la cabecera municipal de Pantelhó amaneció con decenas de casas cateadas, quemadas, unas 20 personas detenidas por la población y, extraoficialmente, llevadas a otra comunidad. El edificio de la presidencia municipal y el pueblo entero quedó en poder de los pobladores.

El personal policiaco y militar que había entrado al lugar el 9 de julio, se replegó a la salida de la cabecera municipal.

 

Una mujer de mediana edad se acerca al grupo de reporteros que acudimos a Pantelhó. Discretamente, nos pide acudir a su vivienda. Caminamos cinco calles y llegamos al lugar, nos muestra un auto destruido y su casa cateada. Dice, sin más detalles, que los pobladores la destruyeron.

Un indígena del lugar escucha, y luego señala: el esposo de la mujer se dedica a comprar y vender armas.

En otra esquina, una vivienda tiene la fachada quemada y en su interior todo incinerado. La vivienda destaca porque, a diferencia de las construcciones alrededor, tiene cámaras de seguridad y alambre con púas afiladas cubre la parte superior del techo.

Salvador, un joven de clase media, de los pocos no indígenas que habita en el lugar, camina tranquilo por la zona, acude a una tienda en compañía de dos amigos, para comprar refrescos y golosinas; explica que la casa quemada es de un anciano que tuvo la desgracia de vivir con su nieto, que se dedica a la venta de droga. La población decidió destruir el interior de la casa, aunque días antes el anciano y su nieto habían salido del pueblo.

El amigo de Salvador interviene en la plática, señala que él es “doliente”, porque a su tío Mario Sántiz, los narcotraficantes lo mataron apenas el 3 de julio, cuando se encontraba en su rancho. Los dos jóvenes aseguran que la situación en el poblado se hizo insostenible, porque integrantes de grupos delictivos “se paseaban con sus metralletas por las calles, y nadie les podía decir nada. Ahora esperamos que todo vuelva a la normalidad y podamos vivir en paz”.

Casi en cada calle hay una o más viviendas o comercios cateados y quemados por los pobladores de Pantelhó. Y junto a estos lugares, en las viviendas o comercios colindantes, sus ocupantes se sientan en las banquetas, tranquilos, platican entre ellos y sonríen, como dos realidades opuestas colocadas una junto a la otra.

En algunas viviendas, sus habitantes colocaron una bandera blanca, como signo de que no era suya esta batalla de la guerra que la población de Pantelhó libra contra el crimen organizado.

Tras los cateos y detenciones de presuntos integrantes del crimen organizado en Pantelhó, los pobladores dieron a conocer un comunicado, donde cuestionan la omisión de las autoridades, y al presidente de México.

“Muchos pensaron que entramos para atemorizar a la gente, no es así, estos hechos es porque la gente se ha cansado de tanta humillación, de tantos asesinatos, de tanta violencia. Fue porque dejamos de soportar tantas extorsiones de parte de los sicarios y sus aliados del ayuntamiento”, leyó en un comunicado uno de los pobladores, en la plaza central del parque central, ante habitantes del lugar.

“Antes de estos hechos hemos pedido el apoyo del gobierno, pero nunca nos hizo caso. Pedimos el apoyo de la Fiscalía, a la Guardia Nacional y el ejército mexicano, (pedimos) realizar cateos en las viviendas de los sicarios; pero no nos hicieron caso”

Añadió que la población de Pantelhó reconoce las viviendas “y a quienes son los asesinos. Su permanencia (de los asesinos) en este municipio es una gran humillación, una burla para nuestras vidas indígenas, porque hemos visto como asesinan a nuestros hermanos en las calles, en sus domicilios, y como los despojan de sus bienes”, señala el comunicado.

“Ahora le decimos al presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), ¿si aún nos quiere apoyar a nosotros los indígenas?, porque sabemos que ya tienen conocimiento de todo esto. ¿A poco no vale nada la vida indígena? Esto quedará a tu decisión, señor presidente, si no, mejor ya no siga interviniendo”, le pidieron.

También, explicaron que el movimiento de autodefensas “El Machete” no intervino en los hechos de la cabecera municipal de Pantelhó, sino que llegó después a apoyarlos en el resguardo de la zona, a petición de los mismos pobladores.

Por su parte, el director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, el sacerdote indígena Marcelo Pérez Pérez, llegó hoy a Pantelhó, y anunció que la Diócesis nombró a un consejo de religiosos a apoyar a los pobladores de Pantelhó en el proceso de intermediación y comunicación con autoridades del gobierno.

Los pobladores aceptaron la labor de intermediación, y nombraron una comisión de 20 representantes de las distintas comunidades y barrios.

Anunciaron que nuevamente buscarán dialogar con el gobierno. Reiteraron que están por la solución pacífica al conflicto en el lugar, pero insistieron en que cualquier solución pasa por la detención de las personas involucradas con el crimen organizado, y la destitución de las autoridades municipales actuales y electas, a quienes consideran cómplices de estos grupos