No se le puede afear a Gabriel Rufián que no entienda los códigos de su tiempo. Es un atleta olímpico de lanzamiento de tuits y pasará a la historia como el político que adaptó la demagogia clásica a los modales de las redes sociales. Por eso es raro que se tire un farol tan peligroso. Con el lío de esta semana sobre la ley audiovisual y las cuotas lingüísticas a las plataformas parece que le ha planteado un ultimátum al Gobierno, pero en realidad lo está lanzando contra su propio electorado, y puede salir escaldado.
Por muchas reuniones urgentes que convoquen en La Moncloa, allí ya saben que Rufián ladra, pero nunca muerde. Ha amenazado tantas veces con retirar su apoyo que disimulan la risa cuando le oyen. Sin embargo, esta vez, las consecuencias pueden ser serias, porque la pregunta implícita que hace al invocar la sacralidad de la lengua es a quién quieren más sus votantes, al catalán o a Netflix. Las plataformas internacionales son tan grandes que pueden permitirse renunciar a un mercado. Cortan tanto bacalao, que no soportan que nadie les ponga normas, porque se han acostumbrado a imponerlas ellas. ¿Hasta dónde están dispuestos a presionarlas para que produzcan en catalán, gallego y vasco? ¿Son capaces de llevar el dilema a sus últimas consecuencias, arriesgándose a que cierren sus tenderetes?
La contestación puede ser funesta para el proyecto de ERC. En aras de la concordia, yo nunca le preguntaría a mi hijo si me quiere más a mí o a la Play. Quien bien te ama nunca te pondrá en semejantes aprietos. Si se plantea la disyuntiva de ver La casa de papel o partirse el pecho por el legado de Pompeu Fabra, el político más milenial, quien debería saber de antemano la respuesta, puede llevarse el chasco de su vida.
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