A un año de la aprobación de la Ley de Amnistía, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ninguna persona ha logrado obtener su libertad.
Así lo denunció Lucía Alvarado, coordinadora del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad, durante el foro “Conclusiones de trabajo legislativo con Observatorio de Amnistías”, organizado por la Cámara de Diputados.
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Alvarado consideró importante que las personas que estén acusadas por los delitos que contempla esta amnistía que proviene, la mayoría, de contextos de violencia, se beneficien de este ordenamiento.
También se pronunció a favor de modificar el Código Penal Federal para garantizar que otras personas no terminen en prisión por las mismas causas y para que no se vuelva a castigar la pobreza.
“Sé que la amnistía vendría a contribuir con la pacificación del país y considero que la mejor forma de hacerlo es otorgando la libertad a personas que fueron vulneradas y estigmatizadas durante décadas”, expuso la activista.
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Por su parte, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, Citlalli Bustamante, lamentó que aún se criminalice la diferencia política y el ejercicio al derecho a la protesta, ya que ello vulnera las garantías individuales.
Sostuvo que las modificaciones proponen que las personas que defienden un proyecto político alterno, defensa de la tierra, de los usos y costumbre, manifestaciones contra proyectos de la administración, se considere, a petición de parte, un análisis contextual para identificar por qué está detenida.
“Ello ayudará a evitar la criminalización; hay que contribuir a la justicia social y a la pacificación del país”, expresó.
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