“Ha salido bien, ha sido un éxito y nos da certidumbre de que va a seguir funcionando en el futuro”, expresa Sara Aagesen Muñoz, secretaria de Estado de Energía, que no puede disimular su contento tras analizar los resultados de la subasta de renovables celebrada el martes, la primera que se hace con el nuevo formato y que permite afrontar con optimismo las sucesivas que están previstas para los próximos cinco años. La segunda subasta está prevista para este año, pero la secretaria de Estado no descarta que pueda ser antes del otoño. En todo caso, dependerá de cómo se cumplan los compromisos que tienen que cumplir las inversiones que se acaban de conceder en los próximos meses.
La subasta repartió 3.034 megavatios (MW) entre energía fotovoltaica (2.036 MW) y renovable (998 MW) entre 84 inversores que ofertaron por 9.700 ME (más de tres veces más de lo subastado) en más de 1.500 ofertas. En el lustro citado se subastarán hasta 19.000 MW orientados a a cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2021-2030 que prevé la instalación de 60 gigavatios (GW) en la década. La celebración de ésta y sucesivas subastas de asignación del Régimen Económico de Energías Renovables (REER) persiguen ofrecer un marco retributivo estable que atraiga la inversión y fomente la actividad económica en toda la cadena de valor de las energías renovables en un escenario de recuperación por la crisis sanitaria. Y, al tiempo, que los consumidores se beneficien de manera directa de las reducciones de costes de generación de estas tecnologías.
Al respecto, Aagesen señala que por primera vez se produce una señal sobre los precios, lo que era clave para desarrollar las subastas. “Ofrecen claridad, da estabilidad y evita la especulación que se había producido los últimos años”, apunta. Tras reconocer que hasta que no se hizo la subasta y supo el resultado, no tenía la certidumbre sobre el nuevo régimen económico de renovables, la secretaria de Estado subraya que se ha demostrado que permite la diversidad de actores y la llegada de más agentes disponibles que los tradicionales. “Eso es esencial, ya que siempre nos criticaban por lo contario”, añade.
En ese sentido, destaca la importancia de “tener una referencia de un precio para los mercados de ppa [power purchase agreement, contratos de compraventa de potencia eléctrica] porque permite contar con un precio ya disponible tanto para eólica como fotovoltaica. Antes no existía, porque el mercado de subastas era muy farragoso y no lo permitía”. Asimismo, resalta que el sistema de subasta elegido “permite trasladar la referencia de precio a todos y cada uno de los consumidores, al domestico y al industrial, a la pyme y a la gran empresa”, circunstancia que se reflejará en el recibo de la luz en cuanto las instalaciones entren en funcionamiento. Los inversores tienen la obligación de tenerlas listas en febrero de 2023 para las fotovoltaicas y febrero de 2024 para las eólicas como muy tarde, aunque confía que los promotores vayan “mucho más rápido”.
Aagesen incide precisamente en la certeza de que los precios de la puja se vayan a trasladar a los consumidores. El precio máximo fue de 28 euros por MW y el medio de 25,31 euros para la eólica y 24,47 para la fotovoltaica, lo que supone un 43% menos respecto a la última cotización. Según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, implicará un ahorro próximo a los cinco euros al año en la factura de los hogares y entre el 1,5% y el 2,2% en la industria (unos 35.000 euros/año), a lo que habrá que sumar el efecto acumulativo de las otras subastas.
Aunque en la subasta había 1.000 MW de adjudicación libre, se produjo la circunstancia de que todas fueron para fotovoltaica. A juicio de Aagesen se debe a que tiene precios más competitivos, lo que no quiere decir que la eólica haya tocado techo “porque todavía tiene un largo recorrido”. Sobre todo en la eólica marina, cuya estrategia está prevista para este primer trimestre. “A ver qué recorrido tiene en el futuro, queda todo por desarrollar y hay un gran potencial”, apunta Aagesen.
La secretaria se muestra satisfecha de la competitividad de las tecnologías elegidas, pero agrega que “lo razonable es analizar esta primera subasta en profundidad y ver qué ocurre dentro de dos meses cuando veamos la cualificación de todas las que han sido seleccionadas”. Después, en seis meses, los proyectos tienen que definir claramente la ubicación. También espera que en las próximas subastas, la flexibilidad del sistema permita que entren otras tecnologías como termoeléctrica, biomasa, biofuel…
Otra cosa que resalta Aagesen es el efecto tractor que va a tener en la economía y el empleo. El cálculo es que la primera subasta supondrá una inversión de 2.100 millones de euros y al menos 27.000 empleos directos. “Sabemos que España es competitiva en toda la cadena de valor de las tecnologías renovables. Y a las tecnologías renovables que han acudido a la subasta les pedimos ya dentro de dos meses que nos presenten un plan estratégico”.
Encauzados ya la solución de los accesos y conexiones con el Real Decreto que los regula y la circular emitida recientemente por la CNMC, el ministerio encara los próximos meses con determinación. “Pretendemos emitir esa señal, cumplir con los objetivos, tener un marco estable, facilitar la financiación requerida, permitir que los consumidores tengan precios mejores, pero dar el mensaje de que sean proyectos solventes y que haya diversificación de los agentes, que no sean solo los de toda la vida, que puedan entrar otros agentes y puedan estar en el mundo de la energía”, remata.
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