Abengoa se muestra dispuesta a plantear una nueva ampliación del plazo para aprobar el plan de reestructuración que acaba este jueves, 15 de octubre, si la Junta de Andalucía no anuncia antes una decisión sobre la aportación de los 20 millones de euros que siguen pendientes y ante la actitud positiva detectada en los últimos días para alcanzar un acuerdo. Para ello, no obstante, tendría que recibir el visto bueno de todos los implicados en el plan, es decir, los acreedores bancarios y el Gobierno, que participa a través del ICO y el Cesce, así como los proveedores. En los últimos días han aumentado los contactos, vía correos electrónicos y llamadas telefónicas, entre las partes y las posibilidades de acuerdo están muy fundadas, por lo que podría ampliarse siete días, preferiblemente, o, como mucho, 15, según fuentes conocedoras de las negociaciones.
El grupo sevillano ya se dio un periodo de 15 días el pasado 30 de septiembre ante la negativa de la Junta a aportar esa cantidad con la esperanza de que durante la quincena se lograran progresos. A dos días de finalizar el plazo, sigue sin haber acuerdo, con la empresa presionando y la Junta buscando el instrumento jurídico que permita desbloquear la situación. Ante eso, los responsables de la compañía que preside Gonzalo Urquijo creen que el acercamiento permite pensar en la ampliación. Lo contrario la abocaría al concurso de acreedores que durante cinco años ha evitado y al cierre, ya que sin avales no se pueden presentar a licitaciones internacionales y, en consecuencia, perder actividad, según fuentes de la empresa.
Pulso con la Junta
Durante los días que han pasado las negociaciones el ruido de los primeros días, tras las declaraciones de Urquijo, en las que acusaba a la Junta de actuar de “mala fe” y advertía de que si no se ponen esos 20 millones la empresa estaba abocada al cierre definitivo, ha dado paso a la calma en la que se han entablado de nuevo los contactos y la negociación. Según las fuentes consultadas, se han barajado varias alternativas para crear el instrumento que hasta ahora la Junta ha aducido que no tenía. En ese sentido, la empresa subraya que la Junta cuenta con una línea de crédito para pymes, pero no para grandes empresas, por lo que se trataría de crearla para hacer aportaciones de liquidez o de avales.
El grupo, cuya crisis cumple ya un lustro, tuvo que afrontar un primer plan de reestructuración en 2017, en el que se realizó una quita y recapitalización de deuda por valor de 7.000 millones de euros. Posteriormente, en 2019, en una segunda reconversión, se capitalizaron otros 3.000 millones. En total, una quita del 95%. Ahora, en esta tercera reestructuración ha acordado la financiación de 230 millones con aval del ICO del 70%; líneas de avales de 300 millones con apoyo del Cesce; quita del 50% de la deuda con los acreedores financieros y una solución para la deuda comercial con los proveedores, a los que se les ofrece el 5% de los flujos de caja y fondos procedentes de la venta de activos.
“Sería lamentable que hayamos llegado hasta aquí, con los sacrificios que ha hecho todo el mundo y que por 20 millones que faltan caiga esta empresa”, se quejó Urquijo en una entrevista con EL PAÍS. “Aquí hay un proyecto de futuro y si no sale, las consecuencias serían gravísimas, sería el fin de la fiesta”, añadió mientras aseguraba que “haber contado siempre con el apoyo verbal” de la Junta.
Abengoa se ha enfrentado también a un grupo de accionistas minoritarios, que presentaron una demanda para reclamar la suspensión de los acuerdos del consejo de administración, que no prosperó. Por otro lado, UGT convocó una jornada de huelga en la que pedían el mantenimiento del empleo (en la actualidad, da empleo a 3.000 personas en España de forma directa, y 5.000, indirecta) y el apoyo de la Junta al plan refinanciación.
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