El Parlamento de Túnez respaldó este miércoles la constitución de un nuevo Gobierno formado exclusivamente por figuras de perfil tecnócrata y que lidera el jefe de Gobierno, Hichem Mechichi. La votación se produjo un mes y medio después de la dimisión del primer ministro Elias Fajfaj a causa de un presunto caso de tráfico de influencias. Aunque obtuvo un apoyo bastante sólido -134 votos a favor, 67 en contra-, algunos analistas auguran una corta vida al nuevo Ejecutivo, que tendrá como principal misión hacer frente a una grave crisis económica y social agravada por la epidemia del nuevo coronavirus.
En su discurso frente al pleno, Mechichi, que ocupaba el cargo de ministro del Interior en el anterior Gobierno, definió como su prioridad poner fin al “periodo de hemorragia” de las finanzas públicas que ha llevado a una deuda pública que se acerca al 80% del PIB, considerada por los expertos al borde de la insostenibilidad para una economía como la tunecina. “Estas cifras económicas privarán al Estado de jugar su papel de primer responsable del desarrollo”, advirtió el nuevo jefe de Gobierno. Entre las medidas anunciadas, un relanzamiento de la producción de fosfatos y petróleo, bloqueada por las protestas de jóvenes parados, una reforma profunda de la administración pública y una lucha más severa contra “la evasión fiscal”.
Cuando faltan apenas cuatro meses para la celebración del décimo aniversario de su Revolución, que propulsó las llamadas primaveras árabes, la sociedad tunecina siente que la transición a la democracia no ha satisfecho las expectativas suscitadas. La inestabilidad social y política -se cuentan una decena de Gobiernos desde la caída del régimen de Ben Ali- ha provocado el estancamiento de la economía, con unas tasas de crecimiento del PIB anémicas -la media es inferior al 2%-. En cambio, entre los logros figura la consolidación de la libertad de expresión y la organización de media docena de elecciones limpias y transparentes.
El proceso de formación del nuevo Ejecutivo ha fraguado una nueva coalición de Gobierno formada, entre otros, por los dos partidos más votados en las elecciones legislativas del pasado otoño y antiguos adversarios: los islamistas moderados de Ennahda -52 diputados-, y Qalb Tunis, un partido de ideología difusa liderado por el magnate de la comunicación Nabil Karui -27 diputados-. En cambio, han pasado a la oposición los partidos de la Corriente Democrática, de centroizquierda, y el Movimiento del Pueblo, de tendencia panarabista. Aparte del presunto caso de corrupción del premier Fajfaj, el distanciamiento entre estas dos formaciones y Ennahda explica la caída del Gobierno anterior solo cinco meses después de su constitución en un contexto de polarización y fragmentación.
De hecho, el único cemento de la nueva “gran coalición”, que incluye también diversos pequeños partidos liberales y conservadores, parece ser evitar la celebración de elecciones anticipadas, pues las encuestas sugieren que el partido vencedor sería el PDL de Abir Musi, la que fuera secretaria general del partido de Ben Ali, toda una señal del sentimiento de frustración que anida entre los tunecinos. Ennahda se había mostrado frontalmente contraria a la formación de un Gobierno tecnócrata argumentando que subvertiría la esencia de la democracia. Sin embargo, horas antes del pleno, su máximo órgano de dirección cambió de postura en aras de la estabilidad.
La gestación del nuevo Ejecutivo ha sido fruto de un proceso alambicado y tempestuoso, criticado por algunos observadores por su nula transparencia. Una de las claves del desenlace final es el pulso por el poder que libran el presidente del país, Kais Said, y los dos principales partidos en el Parlamento. Los roces entre las instituciones se han convertido en una constante desde la aprobación de la nueva Constitución en 2014, ya que establece un sistema semipresidencial parecido al francés, si bien otorga mayores poderes al Jefe de Gobierno que al presidente.
A pesar de haber sido elegido con una apoyo abrumador -más del 70% de los votos-, el presidente Kais Said, un independiente con un discurso heterodoxo, ha salido perdedor del envite. Ahora bien, el hecho de conservar una elevada popularidad y de atesorar el privilegio de ser el intérprete último de la Constitución a falta de una Corte Constitucional podría significar que todavía no ha dicho su última palabra. “El presidente y su entorno son herméticos. No está claro cuál es su plan de cara al futuro”, apunta el analista Mohamed Dhia Hamami.
Algunos medios han especulado que Said podría estar preparando la creación de un nuevo partido político o de listas independientes de cara a las próximas elecciones, lo que supondría una verdadera sacudida del tablero político del país. Sin embargo, hasta el momento, no ha dado ningún paso en esta dirección, al menos públicamente. El presidente es muy crítico con el sistema político actual, y durante la campaña apostó por introducir medidas de democracia directa. Mientras partidos e instituciones se enzarzan en confusas luchas intestinas, la población se siente cada vez más ajena a una transición con pies de barro.
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