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Abogada de la opositora Cristiana Chamorro califica de ‘secuestro’ el arresto domiciliario

Un tribunal de Nicaragua ordena el arresto de la opositora Cristiana Chamorro por lavado de dinero

Jorge Hurtado

La aspirante presidencial se alistaba para una conferencia de prensa cuando un contingente policial irrumpió en su vivienda. Cristiana Chamorro, la figura de oposición más popular para enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones de Nicaragua, cumple más de 24 horas en prisión domiciliaria, tras una orden de allanamiento y de detención previa. Sin embargo, su defensa tilda estas acciones de “secuestro”.

Los policías, respaldados por una orden de allanamiento girada por la juez Karen Chavarría del juzgado noveno del Distrito Penal de Audiencias de Managua, llegaron con poca cortesía y despojaron de sus móviles a todos en la vivienda ubicada al sur de la capital. Chamorro, su hija y hasta sus trabajadoras del hogar quedaron incomunicadas en cuestión de minutos tras el operativo policial.

“Se llevaron su teléfono y su laptop, así como los de su hija, que está con ella en la casa”, dijo Arelia Barba, integrante del equipo de prensa de Chamorro.

Agregó que los policías cortaron internet. “No nos hemos enterado de nada de ellos”.

La Justicia de Nicaragua investiga a Chamorro en un presunto caso de lavado de dinero de la Fundación para periodistas que lleva el nombre de su mamá, Violeta Barrios de Chamorro, primera mujer presidenta de Latinoamérica y quien derrotó a Ortega en 1990 para conducir a Nicaragua hacia los procesos de paz y el desarme de La Contra, fracción armada que combatía al Gobierno sandinista de entonces.

Chamorro ha sufrido en las últimas horas la arremetida más feroz registrada contra cualquiera de los más de 10 candidatos opositores presidenciales que aspiran sacar del poder a Ortega. Desde el anuncio de sus candidaturas muchos de ellos han permanecido bajo fuerte vigilancia policial, que en algunos casos se valen de drones y civiles armados merodeando sus residencias, accediendo a sus comunicaciones e impidiéndoles salir, con el fin de boicotear su agenda política, según denuncian.

El 11 de enero, Chamorro coqueteó con la idea de participar en las elecciones generales de noviembre próximo, mientras la oposición se debatía qué casilla y método regirían la búsqueda de un candidato único de oposición. La hija de la expresidenta rápidamente lideró las encuestas de popularidad. Algo que incomodó a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, quien inició una campaña de insultos públicos, tildándolos de “ungidos”, “agachados” o “vendepatrias”. Chamorro respondió a Murillo pidiéndole que no le tengan miedo a la voluntad popular.

 

Cronología de las palabras a las acciones
El 20 de mayo, el Ministerio de Gobernación solicitó al Ministerio Público de Nicaragua que investigara un presunto caso de lavado de dinero de la ONG que Chamorro dirigía. Según la entidad, algunas inconsistencias en los estados financieros revelarían que la organización de promoción y defensa de libertad de expresión se dedicaba en realidad a lavar dinero con fondos de la cooperación internacional.

Ese mismo día, la policía allanó las oficinas de Confidencial, un medio digital que dirige Carlos Fernando, hermano de Chamorro y crítico al Ejecutivo. La candidata rechazó la acusación y al siguiente día acudió al citatorio en Fiscalía.

Los siguientes días, decenas de periodistas fueron citados por el mismo caso de lavado de dinero donde implican a la candidata, y algunos de ellos pasaron de testigos a acusados sin explicación alguna. El escritor Sergio Ramírez Mercado, el periodista Fabio Gadea Mantilla dueño de Radio Corporación y hasta corresponsales de medios extranjeros como Univisión y El País, han sido citados a declarar.

El 27 de mayo, Walter Gómez y Marcos Fletes, exadministrador financiero y excontador general de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, fueron apresados por el mismo caso. Sus familiares no tienen noticias de ellos hasta hoy, y otra jueza ordenó que permanecerán 90 días detenidos mientras son investigados.

El 1 de junio, el Ministerio Público solicitó la inhibición de la candidata para optar a cualquier cargo público, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un proceso penal investigativo, argumentaron. Al siguiente día entraron a su vivienda con orden de aprehensión domiciliar.

“El Ministerio Público, en todo el proceso ha respetado los derechos constitucionales de las personas citadas; nos encontramos al servicio de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, velando por la objetividad y calidad de la investigación de hechos punibles en el proceso penal, contribuyendo de esta manera a la seguridad y el respeto de las normas de convivencia pacífica“, manifestó el ente estatal.

 

‘Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles’
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció el miércoles que estas acciones son una escalada de violencia estatal contra el periodismo independiente y contra Chamorro, al tiempo que llamó al Gobierno a terminar con el acoso y acorralamiento de las voces críticas.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó el proceso de inhabilitación de la candidatura y advirtió al Gobierno que la utilización del Ministerio Público, las medidas cautelares y precautelares, el manejo politizado de la justicia y la proscripción de facto de candidatos son violatorios de la Carta Democrática Interamericana, de la Carta de la OEA.

Nicaragua se encamina a las peores elecciones posibles, y este nuevo atentado a la democracia verificado ayer imposibilita más aún la existencia de elecciones libres, justas y transparentes en el país. Acciones como esta restan toda credibilidad política al Gobierno y a los organizadores del proceso electoral,  expresó la OEA.

“Negar la oportunidad a diferentes personas de participar en las elecciones, reducir el espacio para tener elecciones libres y seguras, reducir el espacio para que se escuchen las diferentes voces, eso va en una dirección equivocada”, manifestó Antony Blinken, secretario de Estado de EU, en entrevista con el diario La Nación en Costa Rica.

Familiares de presos políticos nicaragüenses y las madres de los fallecidos durante las protestas de 2018 convocaron a un Paro Nacional, tras el arresto domiciliario de la líder opositora. Las cámaras empresariales del país se han solidarizado por medio de comunicados con Chamorro, pero no responden a las peticiones populares de ir a un Paro Nacional, una acción que realizaron tres veces en 2018 para presionar al Gobierno a dialogar.

“Estamos muy al tanto de las recientes acciones legales tomadas contra Cristiana Chamorro”, aseguró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la organización, António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

Mientras que la Unión Europea (UE) insta a que se le libere inmediatamente y se reviertan sin demora las medidas contra sus derechos, dijo el portavoz comunitario de Exteriores Peter Stano, en un tweet.

 

¿Ortega estaría preparando una negociación?
El excanciller y opositor José Pallais analizó el arresto de Chamorro y considera que el Gobierno de Daniel Ortega busca una negociación política.

“Yo pienso que Ortega se siente débil y está llenándose de cartas para negociar. Quiere abrir una negociación, probablemente con Estados Unidos. Ha visto alguna señal y está utilizando, así como ha venido utilizando la libertad de 120 presos políticos, como una moneda de cambio, como una carta de negociación“, dijo.

Pallais declaró al medio Redacción Abierta que Ortega estaría preparándose para seguir en la línea de una negociación de posiciones de fuerza como lo está haciendo en estos momentos Nicolás Maduro en Venezuela.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Congreso de Nicaragua han dejado poco espacio de maniobra a la oposición local. En mayo, el CSE canceló el estatus legal del Partido Restauración Democrática (PRD) que se esperaba sería otro vehículo para candidaturas que enfrenten a Ortega.

Chamorro, de 67 años, es también hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, crítico de la dictadura de Anastasio Somoza y quien fue asesinado en 1978. Su familia es propietaria del diario La Prensa, el más antiguo del país, en el que funge como vicepresidenta.

La vivienda de Chamorro, ubicada en una tranquila zona residencial al sur de Managua, se mantiene vigilada por dentro y por fuera por más de 30 policías que golpean a todo periodista, defensor o curioso que intente acercarse al lugar.

Chamorro, su familia y colaboradores ahora son vigilados 24 horas por agentes policiales hasta que su caso sea resuelto por la vía legal o por medio de una negociación política, como suele ocurrir en este país centroamericano. Mientras tanto, deberá compartir domicilio con la escolta más incómoda que ha conocido.

Con EFE y medios locales




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