El sistema judicial es probablemente el ámbito del Estado que más reformas ha sufrido desde la llegada de Recep Tayyip Erdogan al poder en Turquía; hasta que ha logrado convertir uno de los más duros bastiones de oposición a sus políticas en una maquinaria engrasada que, la mayoría de las veces, actúa en la línea de lo que pretende el Gobierno. Sin embargo, los abogados turcos han continuado siendo un sector molesto por sus constantes denuncias de abusos y violaciones de derechos, algo que ahora el Gobierno pretende solucionar mediante una nueva ley de reforma de los colegios de abogados cuyo objetivo es diluir el peso de los más críticos. La ley fue aprobada el pasado fin de semana con los votos a favor de los diputados islamistas y ultraderechistas que conforman la mayoría gubernamental.
“Es un intento de disciplinarnos, de reducir nuestra influencia, de destruirnos”, lamenta el abogado Kemal Aytaç. La reforma ha motivado duras protestas de los colegios de abogados de todo el país y la oposición ha presentado un recurso para su anulación ante el Tribunal Constitucional.
La Carta Magna de Turquía otorga a los colegios de abogados la condición de organismo público, si bien independiente del resto del sistema judicial. Se organizan por provincia y todo letrado está obligado a afiliarse a uno, ya que son los que emiten las licencias para poder ejercer. La nueva ley, alegando la necesidad de una representación más “plural y democrática”, permitirá ahora que, en aquellas provincias con más de 5.000 abogados, se puedan crear nuevos colegios. Algo que, según critica la ONG Human Rights Watch, abrirá la vía a que se conformen colegios “alineados con la ideología de cada partido político”.
Además, la nueva ley ha modificado el sistema de elección de la Unión de Colegios de Abogados de Turquía (TBB), que es la que recauda los fondos y los distribuye entre los colegios provinciales. Antes, para la elección de la dirección de la TBB cada colegio provincial enviaba tres delegados más uno por cada 300 afiliados, y ahora enviará cuatro por colegio más uno por cada 5.000 miembros. De esta manera, los colegios de Estambul, Ankara e Izmir, que engloban a casi el 60 % de los 130.000 abogados de Turquía solo tendrán 27 de los 400 votos, mientras que anteriormente tenían un poco más de la mitad.
“Casualmente resulta que los colegios de las provincias más pobladas, los más afectados por la nueva ley, son también los más críticos con el Gobierno”, dice Aytaç con ironía. Erdogan ha cargado varias veces contra la abogacía pidiendo su reforma, por ejemplo cuando los mayores colegios boicotearon una ceremonia en el Palacio presidencial como denuncia ante la falta de imparcialidad de la Justicia, o cuando, recientemente, el Colegio de Ankara criticó las declaraciones homófobas del presidente de la Dirección de Asuntos Religiosos.
La ley se ha hecho por procedimiento rápido y sin consultar a los abogados (el Gobierno sostiene que fueron invitados a participar, pero se negaron). Justo antes del cierre estival del Parlamento y con tiempo suficiente para que el nuevo sistema esté en funcionamiento para octubre, cuando se celebran elecciones en los colegios provinciales, y, sobre todo, diciembre, cuando debe ser elegida la nueva dirección de la Unión de Colegios de Abogados. Su actual presidente es Metin Feyzioglu, vinculado al partido opositor CHP y antaño muy crítico con el Gobierno. De hecho, llegó a sonar como candidato a presidente y rival de Erdogan, pero en los últimos años se ha acercado a las posiciones del Ejecutivo hasta ganarse la enemistad de buena parte de su profesión.
A última hora de la tramitación de la ley, los diputados islamistas introdujeron una enmienda que permitirá a los abogados del Estado -los únicos que no tienen la obligación de estar colegiados- participar en las elecciones a la dirección de los colegios. “Da igual lo que hagan y cómo intenten dividirnos, no vamos a elegir a Feyzioglu ni a ningún otro abogado cercano al Gobierno”, asegura Aytaç: “Porque, por primera vez en la historia de Turquía, los colegios de abogados de todo el país estamos de acuerdo en una cosa, en rechazar esta ley”.
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