El escándalo por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia católica en España tiene tres características que lo hacen especialmente grave: la extensión geográfica y temporal de los delitos, el desamparo de las víctimas (sumado a la impunidad de los perpetradores) y la reiterada actitud obstruccionista de la jerarquía española para investigar los hechos.
Los abusos continuarían en el olvido de no ser por la labor de los medios de comunicación, y en especial por la investigación realizada por EL PAÍS, que han mostrado a la sociedad española su auténtica magnitud. Sin miedo a contravenir las inequívocas instrucciones del Papa, máxima autoridad de la Iglesia católica, la jerarquía española se ha equivocado al menos de dos maneras: primero, ha restado importancia a los hechos y, después, ha tratado de desprestigiar el trabajo de los periodistas. Finalmente, ha pretendido ofrecer como voluntad de colaboración una serie de iniciativas burocráticas claramente insuficientes. Mientras la cúpula de la Iglesia elude con pobres argumentos sus obligaciones, gran parte de la sociedad española asiste escandalizada a la revelación de casos cuya mera narración, en frío y sin adjetivos calificativos, conmueve sin remedio a cualquier ciudadano, con o sin creencias religiosas. El último testimonio es del escritor Alejandro Palomas, que tenía ocho años en 1975 cuando, según contaba esta semana, fue víctima de un religioso de La Salle en un colegio de Premià de Mar. A la humillación vejatoria de los hechos se une el muro de silencio levantado alrededor del perpetrador. La congregación de La Salle destaca, entre otras cosas, por negarse a investigar las denuncias de pederastia y abrir un proceso canónico (contra lo que dictan las propias reglas canónicas). Se limita a trasladar los casos a la Fiscalía, pero en su mayoría están ya prescritos. El resultado es la impunidad del agresor y el desamparo de la víctima, por contraste con otras congregaciones, como los maristas, que ya han anunciado su voluntad de investigar.
Ante la gravedad de los hechos y su evidente dimensión social, este periódico reclamó en un editorial el 19 de diciembre de 2021 la creación de una comisión independiente que investigue los casos, siguiendo el ejemplo de otras jerarquías eclesiásticas en países como Francia, Alemania, Países Bajos o Australia. Dos años atrás, en junio de 2019, la Fiscalía General del Estado recomendó ya al Gobierno una comisión de expertos tras estudiar las actuaciones de otros países ante casos de abusos parecidos. Han sido países cuyas cúpulas eclesiásticas han sido mucho más diligentes que la española en la exigencia de escuchar, investigar y proceder a la reparación moral y también económica de los abusados. La petición de una comisión parlamentaria de investigación presentada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu responde a esta inacción de la Iglesia española. La iniciativa del PNV reacciona ante la misma pasividad al reclamar la investigación en un formato diferente. Los nacionalistas vascos piden al Gobierno el nombramiento de una comisión de expertos que de forma independiente escuche a las víctimas, investigue sus casos y emita un informe al Parlamento con sus conclusiones. Es evidente el riesgo de que una comisión parlamentaria acabe convirtiendo un asunto tan doloroso en un nuevo pretexto para la confrontación política y el espectáculo partidista. Lo hemos visto demasiadas veces. El esfuerzo debe centrarse en conseguir la fórmula que mejor y más limpiamente pueda satisfacer el mínimo estándar de respeto a quienes ha desamparado la Iglesia durante muchos años como víctimas de delitos tipificados y que merecen el apoyo no solo de la sociedad, sino también de sus instituciones.
El Partido Socialista no acaba de aclarar cuál es su propuesta, aunque a finales de semana se inclinaba por la comisión independiente. El partido mayoritario de la Cámara tiene en su mano la decisión final, que ha condicionado a escuchar primero a las víctimas. El PP ya ha dicho no a la comisión parlamentaria y es una incógnita si se sumaría a una investigación independiente, en particular a la vista de las afinidades que los líderes del partido conservador han exhibido frecuentemente con la jerarquía católica. Pero el propio papa Francisco se ha declarado avergonzado. También asociaciones de católicos, teólogos y algunos miembros de la jerarquía en España han exigido el esclarecimiento y castigo de los responsables.
Sea cual sea el tipo de comisión que se acabe constituyendo, de expertos e independiente o de investigación parlamentaria, debe sortear el peligro de convertirse en campo de batalla anticlerical o el de verse adulterada por la extrema derecha, que habitualmente se arroga una ilegítima representación de los intereses católicos con timbres nacionalcatólicos obsoletos. Dada la naturaleza de la investigación, el sistema parlamentario en su integridad debería ser capaz de eludir a un lado y al otro el sesgo de las querellas ideológicas porque el centro de la cuestión es un reguero de delitos cometidos sobre ciudadanos indefensos.
Que hoy estemos en este debate político es consecuencia de la pasividad de la jerarquía católica y sus movimientos dilatorios. Es un grave error: ha tenido numerosas oportunidades para actuar, pero ha preferido dejar pasar el tiempo y desoír las demandas de las víctimas, de sectores de la propia Iglesia y hasta a sus superiores en Roma. La lacra de los abusos pertenece a una estirpe ajena a la lucha ideológica, política o religiosa. Las víctimas son quienes merecen voz y resarcimiento institucional a través de una comisión cuyo fin sea conocer la verdad sin coacciones ni interferencias, de forma verdaderamente independiente. De hecho, muchas víctimas no piden más que ser escuchadas, como ha podido comprobar una y otra vez este periódico. Pero además de la escucha, es hora también de una reparación institucional que lleve al fin de la impunidad y el encubrimiento.
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