Acabar la fachada de la Glòria de la Sagrada Familia supondrá un coste de 149 millones de euros. Para alzar la torre de Jesucristo, la más alta que tendrá el templo, se ha calculado un presupuesto de unos 44 millones de euros. Erigir la torre de los Evangelistas costará 20 millones de euros más. En total, el coste calculado por la Junta Constructora para acabar todo el conjunto del templo en la manzana que ocupa es de algo más de 374 millones de euros. Es la cifra que consta en la documentación que envió la Sagrada Familia al Ayuntamiento de Barcelona hace algo más de dos años, y a la que ahora ha tenido acceso EL PAÍS. Fue entonces cuando el Consistorio y la Junta Constructora negociaban la legalización de las obras, que pasaba por el pago de una licencia que jamás tuvo en más de 100 años de obras.
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El documento fue firmado por el arquitecto jefe de la Junta Constructora, Jordi Faulí, y obtuvo el visto bueno del departamento de licencias de obras del Consistorio el 6 de junio de 2019. Terminar la fachada de la Glòria —con sus capillas, las torres y los terminales— es la partida más alta del presupuesto. Para concluir las sacristías y la capilla de la Assumpta se calculan algo más de 37 millones de euros y otros 28 para la sacristía de la torre del Naixement. Para culminar los elementos que conformarán la planta baja y subterráneos se precisan otros 42 millones; 5,6 de ellos para el nuevo Museo. En el acabado de los entornos —siempre dentro de la manzana del templo— y la urbanización interior se presupuestaron otros seis millones de euros.
Ese montante total de 374 millones sirvió de base al Consistorio para calcular el importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y las tasas de licencia de obras. El tipo habitual del ICIO en aquel momento era del 3,35%, pero en el caso de la Sagrada Familia, como equipamiento religioso que es, se le aplicó una bonificación del 65%, por lo que la cantidad que se pagó por ese impuesto fue de 4.3 millones de euros. La tasa de la licencia de obras se liquidó por 241.000 euros. En total, la Junta abonó 4.627.000 euros.
El pago de ese impuesto ha sido denunciado por la Asociación de vecinos afectados por la construcción de la Sagrada Familia ante los servicios de Hacienda porque consideran que la cantidad no se ajusta a lo que correspondería. “La finalidad de la licencia de obras es esencialmente la legalización de las obras ejecutadas durante años sin licencia ni autorización de ningún tipo. No estamos ante una licencia de obras de gran rehabilitación (…), sino ante una licencia de obras de restauración de la legalidad urbanística”, sostienen en la denuncia.
Entienden, también, que esa legalización urbanística no se puede discutir porque el templo nunca tuvo licencia de obras del Ayuntamiento de Barcelona y eso implica “que el presupuesto de las obras sobre el que se debería aplicar el ICIO debe ser de todo el edificio y no solo de las obras pendientes de ejecución”. En opinión de los denunciantes, aplicar el ICIO sobre las obras futuras comportaría un “inaceptable trato de favor fiscal a los promotores del edificio, que no tributarían por las obras ejecutadas sin licencia”.
Los firmantes de la denuncia, que ya recurrieron a los tribunales tanto la concesión de la licencia como el plan especial de la Sagrada Familia, se refieren a que la ordenanza fiscal que regula el pago del ICIO prevé que la base imponible sea “el coste real y efectivo de la construcción”. Y por ello insisten en que se habría cometido una infracción tributaria por parte de la Junta Constructora e instan a que los servicios de Hacienda municipales “procedan a la inspección del coste real de las obras ejecutadas y de las cantidades declaradas”.
El Consistorio apunta que la autoliquidación realizada incluía las obras hechas en los “últimos años” —sin precisar desde cuándo, teniendo en cuenta que el ritmo constructor se aceleró a partir de este milenio— y las obras futuras. Matiza, además, que el ICIO se aplica desde que entró en vigor en España, en 1989. “Hay que tener en cuenta, no obstante, que es una liquidación provisional y que se hará la definitiva cuando concluyan las obras para hacer los ajustes que sean necesarios”, explican fuentes municipales. Y puntualizan que se está analizando la denuncia de los vecinos “teniendo en cuenta todos esos factores”. La Sagrada Familia argumenta que está pagando “todos los impuestos que marca la ley”.
La licencia se concedió finalmente en junio de 2019 y vino a regularizar la extraordinaria anomalía de que un edificio tan singular como la Sagrada Familia se hubiera alzado sin permisos. El único que se pidió fue en 1885, al inicio de las obras, al municipio de Sant Martí Provençals. En la licencia, se estableció un máximo edificable de 53.495 metros cuadrados, 41.000 de ellos sobre suelo y el resto en dos plantas sótano. Una edificabilidad que excede con mucho la habitual de cualquier manzana del Eixample, que suele ser de unos 30.000 metros cuadrados.
Menos visitas
La principal fuente de ingresos de la Sagrada Familia, y la gasolina para las obras, son los visitantes que pasan por taquilla. Unas visitas que han caído drásticamente desde el inicio de la pandemia, aunque este verano marca una ligera recuperación. Después de reabrir los fines de semana en mayo y ampliar el horario a todos los días de la semana desde el 1 de julio, el número de visitas de media representa un tercio de las que recibía antes de la pandemia, que oscilaba entre los 12.000 y 15.000 al día. Un aumento de visitas que va en paralelo al incremento de la llegada del turismo a Barcelona y Cataluña desde mediados de junio pasado. Por nacionalidades, los españoles son los primeros, seguidos de los visitantes que proceden de Francia, mientras que Estados Unidos y Alemania ocupan el tercer y cuarto puesto en la actual clasificación.
Pese a que en los accesos del templo y su entrada ya se ven colas, la afluencia no tiene nada que ver con los 4,5 millones de visitantes que tuvo en 2019. Ese año, el último antes de la covid-19, el presupuesto de la Sagrada Familia fue de aproximadamente 103 millones de euros, gran parte de ellos destinados a las obras que en aquel momento iban a toda marcha con la meta de acabar las torres y el conjunto en 2026. Ese mismo año, la Junta adquirió el solar de la calle de Mallorca que desde hace años se había apuntado para realojar a los vecinos afectados por el plan de expansión de la Sagrada Familia más allá de la manzana que ocupa. El estallido de la crisis sanitaria lo paró todo; también las obras del templo. Los trabajos se reanudaron a principios de este año con la intención de acabar la torre de la Mare de Déu a lo largo de 2021, según los planes previstos por la Junta Constructora.
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