Acciones de FGR sobre exfuncionarios no son responsabilidad de Conacyt, aclara Ramírez Cuevas

El coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, rechazó que el gobierno mexicano persiga a científicos o a cualquier persona, pero aseguró que “no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”.

Lo anterior, en relación a la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) de obtener órdenes de aprehensión contra 31 exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC., con el fin de procesarlas por el presunto uso indebido de recursos, peculado, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada.

En un hilo de Twitter, explicó que el Foro fue fundado en 2002, por lo que se reformó la Ley Orgánica del Conacyt para incluirlo. “Durante 16 años recibió 571 millones de pesos, pero sólo 100 mdp los utilizó para proyectos de Ciencia y Tecnología; lo demás lo usó en gastos operativos”, precisó.

El vocero de la Presidencia mencionó que el Foro gastó 471 mdp en tintorería, comidas, viajes y salarios. A la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, el gobierno mexicano cambió las reglas de financiamiento, por lo que el Foro presionó para recibir 33 millones de pesos del Conacyt, cuando ya había ejercido 16 mdp, adjudicados desde la administración de Enrique Peña Nieto.

Recordó que el Conacyt inició mesas de diálogo con el Foro Consultivo y lo invitó a participar en las convocatorias y en los proyectos de investigación para apoyar su trabajo, pero éste se negó y comenzó una estrategia política y jurídica que lo llevó a solicitar un amparo ante un juez.

“El proceso jurídico se prolongó en tribunales hasta llegar la SCJN y ésta falló en contra del Foro en julio de 2021 y concluyó: ‘No es posible que una entidad privada se articule funciones públicas por iniciativa propia y sin la intervención del poder público’ (ejecutoria 76/21)”, mencionó.

“A partir del fallo de la SCJN los miembros del Foro Consultivo demandaron a Conacyt y a María Elena Álvarez-Buylla. Durante el proceso judicial, se evidenciaron posibles actos que pudiesen implicar daño patrimonial a la Nación y la FGR inició investigaciones al respecto”, aclaró.

El funcionario señaló que “las acciones que emprenda la FGR no son responsabilidad ni atribución de Conacyt” y aclaró que su directora, María Elena Álavarez-Buylla, “no tiene causa legal en contra”.

Este miércoles, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Arturo Zaldívar, se reunió con un grupo representativo de los exfuncionarios señalados.

En un breve comunicado, la Corte informó que el ministro presidente escuchó las inquietudes de los exmiembros del Conacyt y les garantizó la imparcialidad e independencia en el actuar del Poder Judicial.

“Durante el encuentro, el Ministro Presidente escuchó con respeto y atención las inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”.

También este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina, que los investigadores del Conacyt no tienen nada que temer porque su gobierno no está en su contra sino de la corrupción.

Por su parte, el Consejo Académico de El Colegio de México (Colmex) manifestó su preocupación por el “clima de encono” que se ha producido contra 31 exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, AC.

En un pronunciamiento público, el Consejo Académico señaló que el clima de encono que existe contra dichos exfuncionarios y contra la comunidad científica en general, “genera estigmas y falsas impresiones ante la sociedad del quehacer cotidiano de los académicos mexicanos y de sus personas”.

Recuerda que a día de hoy, “las autoridades judiciales han considerado que no se configuran los delitos que se imputan a dichas personas” por lo que considera “imperativo respetar la presunción de inocencia de los involucrados y su debido proceso, así como el respeto a sus personas, a su integridad y a su honorabilidad”.

Un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negó en definitiva las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR, aunque ésta anunció el 22 de septiembre que volverá intentar conseguirlas.

“Este Consejo Académico hace votos por que el combate a la corrupción y a la delincuencia por parte de cualquier autoridad del Estado se lleve a cabo un cabo sin arbitrariedades ni excesos”, finaliza la comunicación.




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