La Secretaría de Economía (SE) informó que la Auditoría de Cumplimiento Financiero 379-DE, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al programa de Crédito a la Palabra generó 12 resultados, de los cuales seis no tienen observaciones.
Estos seis “corresponden a aspectos tan relevantes como el ejercicio del presupuesto del programa, control interno, lineamientos de operación, rendición de cuentas, contratos y convenios que se firmaron al amparo del mismo y el padrón de beneficiarios”, precisó la SE este lunes a través de un comunicado.
De los resultados con observaciones contenidos en la Cuenta Pública 2020, se desprenden dos tipos de acciones por parte de la ASF:
Tres pliegos de observaciones, en los que el auditor determinó un monto de 7 millones 550 mil pesos pendientes por aclarar, el cual constituye 0.02% del presupuesto ejercido (35 mil millones de pesos); y,
Cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, en los que la ASF le pide al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía abrir una investigación ante indicios de irregularidades sin efectos patrimoniales, y tres recomendaciones de mejora.
“Actualmente, estamos dentro del plazo legal para aclarar al área de seguimiento a la ASF los montos relacionados con los pliegos de observaciones; se tiene la información necesaria y el soporte documental suficiente para resolver los pliegos en tiempo y forma. En cuanto a las promociones de responsabilidad administrativa, se cuenta también con información y evidencia documental para acreditar que en todo momento la ejecución del programa estuvo debidamente apegada a la normatividad vigente”, manifestó la SE.
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Sobre presuntas irregularidades en el programa de apoyo a microempresas, la dependencia federal sostuvo que “cuenta con elementos y evidencia documental suficiente para aclarar dicho monto, por lo que se iniciarán los trabajos con el área de seguimiento de la ASF, a fin de presentar y concluir las aclaraciones a la mayor brevedad posible y dentro del plazo que establece la Ley”.
Respecto a supuestos apoyos de este mismo programa otorgados a personas fallecidas, la SE expuso que, si bien la ASF identificó inicialmente que 558 personas tenían su Clave Única de Registro de Población con estatus de cancelada por fallecimiento conforme a los registros de Registro Nacional de Población, 290 no cobraron los apoyos y los mismos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.
“Para el resto de las personas, se comprobó a la ASF que acudieron a las sucursales bancarias respectivas a activar su cuenta, firmar sus contratos y disponer del apoyo. De este modo, la solventación aceptada por la ASF consistió en demostrar que ninguna persona que hubiera fallecido tuvo acceso al apoyo del programa”, precisó la dependencia federal.
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