Se trata de un caso “paradigmático de la corrupción y la impunidad que existe en todo el sistema judicial”, opinó por su parte el escritor Fabrizio Mejía, en la mesa de los viernes en Aristegui En Vivo.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido jurisprudencias en casos de demandas de difamación, como la interpuesta por Humberto Moreira contra Sergio Aguayo -en la que exige un pago de 10 millones de pesos por un presunto daño moral-, el Poder Judicial de la Ciudad de México, y los de algunas entidades del país, continúan fallando contra periodistas, consideró Ana Lilia Pérez en la mesa de análisis de este viernes.
En #AristeguiEnVivo, expuso que estos casos legales “no son otra cosa que artilugios, que se convierten en un acoso judicial, que tienen como finalidad inhibir el trabajo del periodista, castigar al periodista”.
Pérez sostuvo que el caso Aguayo “tiene que ver con un sistema dentro del sistema judicial capitalino, que durante años se ha prestado a casos similares”.
“Esta es una oportunidad (la posible atracción del caso) que tiene la Suprema Corte de Justicia, para que finalmente se validen los criterios que ya determinaron en materia de libertad de expresión, pero también para que el Poder Judicial atienda este tipo de situaciones, y que se deje de utilizar al Poder Judicial como un instrumento de acoso en contra de periodistas”.
Por su parte, Fabrizio Mejía calificó el caso Aguayo como “paradigmático de la corrupción y la impunidad que existe en todo el sistema judicial”, en particular por el magistrado que falló en su contra, Francisco José Huber Olea, de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
“Le llamaban Lord Ferrari porque llegaba a su trabajo en un Ferrrari, y se le nombró (magistrado) en 2010 luego de que había sido detenido por la policía del Distrito Federal por armar un zafarrancho en un desalojo en Jardines del Pedregal, en defensa de un culto religioso estadounidense que estaba siendo desalojado”.
Mejía destacó que también existe un conflicto de interés en este caso, ya que al hermano del magistrado, Jean Paul Huber Olea, le fue concedida la titularidad de la Notaría Pública 124, con sede en Saltillo, Coahuila, por el mismo Humberto Moreira, días antes de dejar el cargo de gobernador.
La periodista Peniley Ramírez mencionó que en su columna “La residencia de Moreira en Texas” explica cómo, mientras en México Humberto Moreira demandaba a Sergio Aguayo, su suegra, Herminia Martínez de la Fuente, estaba defendiéndose de la justicia estadounidense de una acusación de utilizar dinero proveniente de sobornos del empresario Luis Carlos Castillo al Gobierno de Coahuila para pagar propiedades en San Antonio, Texas.
“Lo que terminó sucediendo fue que el Gobierno de Estados Unidos le quitó una casa a su suegra, Luis Carlos Castillo terminó firmando un acuerdo de culpabilidad, y dijo que había sobornos que iban para Moreira y otros de sus funcionarios más cercanos”.
En tanto, Ana Cristina Ruelas, directora regional de Artículo 19, expuso que los temas relacionados con el daño moral o difamación son muy lamentables, ya que México ha avanzado legalmente en ese ámbito, acatando las recomendaciones internacionales que se le han hecho para evitar casos de persecución judicial a periodistas.
También lamentó la propuesta de iniciativas de reforma como el “derecho al olvido”, planteada por el senador Ricardo Monreal en diciembre del año pasado, la cual consiste en el derecho al retiro de información en páginas de internet, cuando un particular considere que son obsoletos.
Esto podría incidir de manera particular en los casos en que el contenido en línea haga referencia a los antecedentes penales de un particular, una vez que haya cumplido su condena, o que un delito cometido ya haya prescrito.
“Este tipo de figuras, lo que provoca es, de alguna manera, un robo hormiga de la información, generar mecanismos a través de los cuales la censura en internet promueva que hoy nos olvidemos de aquellas personas que atacaron a nuestra sociedad”, detalló.
