El dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, rechazó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, encabece una red de huachicol fiscal, como sostiene la Fiscalía General de la República (FGR), y calificó su detención como una acción “arbitraria” y “sin sustento”.
Además, sostuvo que un esquema de contrabando de combustibles de esa magnitud no puede operar sin la participación de autoridades encargadas de las aduanas y la seguridad del país.
En entrevista para Aristegui en Vivo, Acosta Naranjo afirmó que la acusación contra Ruffo Appel busca convertirlo en “la cabeza” de la mayor red de huachicol fiscal investigada por la FGR, pese a que, aseguró, el exmandatario no tenía facultades para comprar, transportar, distribuir o supervisar el ingreso de combustibles a territorio nacional.
Ahora resulta que Ernesto es el que manda en las aduanas, el que manda en las carreteras, el que manda en la Marina y el que manda en el Ejército.
Además, consideró “inverosímil” que una sola persona pudiera controlar una operación que, dijo, involucra a diversas instancias gubernamentales.
Acosta Naranjo explicó que conocía desde hace más de un año los señalamientos contra Ruffo Appel, debido a investigaciones periodísticas que lo relacionaban con la empresa Ingemar, por lo que sostuvo varias conversaciones con el exgobernador antes de integrarlo al Consejo Consultivo de Somos México, organismo del que forma parte sin estar afiliado al partido.
Según relató, Ruffo Appel le mostró documentación y le explicó el papel que desempeñaba dentro de esa empresa.
De acuerdo con esa versión, Ingemar fue creada para realizar trámites ante las agencias aduanales relacionados con la importación de combustibles, pero no compraba gasolina en Estados Unidos, no la transportaba, no la distribuía y tampoco tenía atribuciones para supervisar la cantidad de combustible que ingresaba a México.
“El papel de la empresa era hacer el trámite documental que solicitan las compañías comercializadoras; quien revisa qué entra realmente por la aduana es el gobierno”, refirió Naranjo.
El dirigente de Somos México también mencionó que Ruffo Appel acudió voluntariamente a la Fiscalía General de la República para entregar la documentación de la empresa y poner a disposición de las autoridades los pedimentos y registros que, afirmó, permitirían cotejar las operaciones con la información del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Sin embargo, cuestionó que durante la presentación del caso la FGR no precisara cuántas de las operaciones investigadas correspondían a Ingemar, aunque sí mostrara al exgobernador como el principal responsable de la presunta red de huachicol fiscal.
Acosta Naranjo insistió en que la supervisión del combustible que cruza la frontera corresponde a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), por lo que consideró que la investigación debería dirigirse también a quienes tenían esa responsabilidad.
Asimismo, señaló que los ex titulares de la ANAM, Ricardo Peralta, Horacio Duarte y Rafael Marín Mollinedo, fueron los responsables de la vigilancia aduanera durante distintos periodos, por lo que consideró que también deberían ser investigados.
Del mismo modo cuestionó que no se investigue a personajes de Morena como Mario Delgado y Adán Augusto López, ya que, afirmó, el contrabando de combustibles no puede realizarse sin la participación o la omisión de autoridades federales.
El problema no es el gestor que hace un trámite documental; el problema es quién deja pasar el combustible y quién verifica que lo declarado corresponda con lo que realmente entra al país.
El dirigente también hizo referencia a las modalidades del huachicol fiscal y explicó que, de acuerdo con la información presentada por la propia FGR, uno de los esquemas consistía en declarar un volumen menor al que realmente ingresaba al país.
En ese sentido, Naranjo sostuvo que si una empresa presentaba documentación para importar un millón de litros y finalmente cruzaban diez millones, esa diferencia debía ser detectada por las autoridades aduaneras y no por la empresa encargada de realizar el trámite administrativo.
Acosta Naranjo aseguró que el huachicol fiscal representa uno de los mayores daños a las finanzas públicas y estimó que, durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la defraudación fiscal superó los 600 mil millones de pesos, cifra que, dijo, continúa actualizándose y podría rondar entre los 800 mil millones de pesos.
Asimismo, cuestionó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que la investigación de la FGR se sustenta en un trabajo profesional y en pruebas sólidas, y dijo que la exposición pública realizada por la Fiscalía presentó una narrativa general, pero no explicó con detalle las pruebas que, a su juicio, demostrarían que Ruffo Appel dirigía la red.
Acosta Naranjo defendió la actuación del exgobernador al señalar que nunca intentó evadir la acción de la justicia, no promovió amparos y permaneció localizable durante todo el proceso de investigación.
Por el contrario, cuestionó que las autoridades no hayan esclarecido la situación de otros personajes políticos señalados públicamente, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, quienes dijo, no se sabe su ubicación.
Finalmente, reiteró que la investigación debe abarcar a todos los funcionarios responsables de la vigilancia de las aduanas y del combate al contrabando de combustibles.
Acosta Naranjo dijo que responsabilizar únicamente a Ruffo Appel desvía la atención de la estructura gubernamental que, a su juicio, permitió la operación del huachicol fiscal, e insistió en que las investigaciones deben alcanzar tanto a particulares como a los servidores públicos que tenían bajo su responsabilidad el control de las aduanas y la seguridad en las fronteras del país.