Actualmente hay unas 37.000 personas detenidas en Estados Unidos por motivos migratorios.
Grupos
activistas están pidiendo al gobierno estadounidense que libere a los migrantes
que tiene en centros de detención, donde al menos uno dio positivo por
COVID-19, afirmando que las condiciones de confinamiento los hacen vulnerables
al coronavirus.
Actualmente
hay unas 37.000 personas detenidas en Estados Unidos por motivos migratorios.
Muchas de ellas, según los activistas, corren peligro debido a su edad, a
problemas de salud preexistentes y a que se encuentran muy cerca unas de otras,
sin mascarillas ni otros equipos protectores.
“Es
imposible permanecer tranquilo”, afirmó Marco Battistotti, un italiano que
figura entre los 170 detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el condado Bristol, Massachusetts.
“La gente tiene miedo y está entrando en pánico”.
Battistotti,
de 54 años, es uno de los cerca de 100 detenidos que firmaron una carta
difundida por un abogado de inmigración local en la que se quejan de las condiciones
en el centro de detención y piden ser puestos en libertad mientras sus casos
son tramitados.
“Yo
no quiero morir en una cárcel del ICE”, expresó el detenido en una
entrevista telefónica con la AP. “¿Por qué no puedo seguir mi caso desde
afuera?”
El ICE
reportó el martes que un detenido, un mexicano de 31 años, dio positivo al
virus en un centro de detención del condado Bergen en Nueva Jersey. El servicio
ha anunciado medidas para proteger a los detenidos y al personal, pero no ha
divulgado si reevaluará los casos para posibles liberaciones en vista de la
pandemia.
La
dependencia no respondió de inmediato a un mensaje para solicitarle sus
comentarios sobre las quejas y las condiciones de parte de los detenidos y sus
defensores.
El
gobierno del presidente Donald Trump ha tratado de mantener un equilibrio entre
su característica línea dura en materia migratoria y una respuesta a la
pandemia. El ICE anunció que “ajustará temporalmente” su estrategia
para darle prioridad a la detención de personas que presenten un daño a la
sociedad, o cuya deportación ha sido ordenada debido a sus antecedentes
penales.
Grupos
que abogan por los migrantes, incluyendo la Unión Americana de Derechos Civiles
(ACLU, por sus iniciales en inglés), presentaron demandas en California,
Maryland, Pensilvania y otros estados, en las que solicitan la libertad
inmediata de los migrantes, especialmente los de edad avanzada o con problemas
de salud.
Los
activistas también solicitaron a un tribunal de Los Ángeles que ordene a la
Oficina de Reasentamiento de Refugiados que ponga en custodia de patrocinadores
autorizados a unos 1.200 menores migrantes que fueron detenidos sin sus padres
o tutores legales y que han permanecido en albergues contratados por el
gobierno durante más de 30 días. Dijeron que dos miembros del personal de
dichas instalaciones fueron diagnosticados con COVID-19 en Nueva York.
No se
sabe exactamente cuántos detenidos están en condiciones vulnerables, pero tan
sólo en una demanda presentada en California se menciona a 13 denunciantes,
todos mayores de 55 años.
Un juez
federal en Boston ordenó el miércoles la liberación de un dominicano de 36 años
que estaba detenido en una cárcel local del sur de la ciudad en la que un
empleado dio positivo al coronavirus. La ACLU interpuso una demanda para
liberar a otras dos personas retenidas en ese lugar.
Un panel
de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco exigió el lunes la
libertad inmediata de una mujer de 37 años que iba a ser deportada a México a
raíz de “la crisis de salud pública que está empeorando rápidamente”.
El
abogado de la mujer reveló que el gobierno le dijo que no se opondrá a la
medida, tomada unilateralmente por el tribunal en nombre de una mujer que,
según el abogado, ha sido amenazada por integrantes de un cártel de drogas
mexicano. Hasta la tarde del miércoles no había sido liberada.
“No
era algo que habíamos pedido ni que anticipábamos”, señaló el abogado, Max
Carter-Oberstone.
“Es
evidente que el tribunal está reaccionando a la crisis de salud pública en la
que nos encontramos, y reevaluando la manera en que procesa casos de
inmigración a la luz de esta crisis”, añadió.
La
situación en detención migratoria, que incluye instalaciones gestionadas por
jurisdicciones locales y contratistas privados, es similar a la que enfrentan
cárceles y prisiones, con personal en riesgo de contraer un virus que ya ha
enfermado a por lo menos 55.000 personas en Estados Unidos y dejado unos 800
muertos.
Una de
las diferencias es que más de la mitad de los detenidos por el ICE no cuentan
con cargos penales ni condenas, y son privados de la libertad únicamente por
motivos migratorios. En gobiernos anteriores, muchos de ellos posiblemente
habrían sido liberados mediante el pago de una fianza en lo que se procesaban
sus casos.
El ICE ha
reportado un caso confirmado de coronavirus en un empleado en un centro de
detención en Elizabeth, Nueva Jersey, y otras 18 infecciones en personal que no
está involucrado en la detención de migrantes. Un contratista reportó un caso
en un miembro del personal en una instalación del condado Harris, Texas. La
agencia informó que examina a los nuevos detenidos y coloca en aislamiento a
aquellos que presentan síntomas de la enfermedad.
Los
detenidos aseguran que esas medidas no serán de gran ayuda, debido a que las
personas permanecen en compartimientos similares a dormitorios en donde es
imposible tener distanciamiento social, o en habitaciones más chicas que en
ocasiones deben limpiar ellos mismos, sin que haya productos de limpieza
suficientes.
Francisca
Morales Díaz, una mexicana de 45 años que fue liberada el viernes de un centro
de detención del ICE en Luisiana, dijo que a ella y a otras personas se les
daba jabón y papel higiénico para uso personal una vez a la semana, y que se
les acababa. Una vez que se quejaron, Morales señala que se les dijo que en el
exterior también había escasez.
“No hay
suficiente medicina. No es bien atendido”, dijo Morales a la AP. “Me da un
poco de miedo porque siento que van a venir… En cualquier momento van a
regresar y me van a llevar” de vuelta allí.
Ira
Alkalay, abogado que representa a varios detenidos en un centro ubicado cerca
de Cape Cod, dijo que algunos de ellos son responsables de limpiar su propia
unidad _ que incluye área para comer y baño _, pero que ni siquiera se les
proporciona cloro. Algunos de los que firmaron la carta sufren problemas
respiratorios como tuberculosis, enfisema y asma, lo que los pone en mayor
riesgo en caso de contraer el virus.
“Estas no
son condiciones sanitarias en lo absoluto”, dijo Alkalay. “Si el virus es
introducido, muchas personas podrían enfermarse al mismo tiempo. Los hospitales
de la zona podrían verse abrumados rápidamente”.
La
oficina del jefe de policía del condado Bristol, Thomas Hodgson, quien acaparó
titulares por ofrecer a los detenidos por el ICE que están en su prisión para
que ayuden a construir el muro fronterizo que prometió Trump, subrayó que por
el momento no hay casos confirmados ni sospechosos del virus dentro de las
instalaciones.
“Sospechamos
que estos detenidos trabajan con grupos activistas políticos en el exterior
para utilizar la crisis del coronavirus para promover su agenda política”, dijo
el portavoz de Hodgson, Jonathan Darling, esta semana.
Eunice
Cho, abogada de la ACLU, advirtió que, si el virus se propaga dentro de una
instalación, el número de enfermos que requerirán de atención médica avanzada
podría abrumar los hospitales cercanos. Muchas de las cárceles del ICE se
ubican en zonas rurales con hospitales pequeños.
“Esto está estrechamente relacionado con la salud pública de toda
nuestra comunidad”, declaró Cho.
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