El escritor considera que el acuerdo firmado ayer entre el Estado mexicano y un grupo de víctimas “releva” al Ejército federal de su responsabilidad en los hechos.
El periodista y escritor Hermann Bellinghausen, señaló esta mañana que la solución amistosa firmada ayer por el Estado mexicano y un grupo de representantes de las víctimas -fallecidas y sobrevivientes- de la matanza de Acteal, es “incompleta e inaceptable”.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, acusó que este acuerdo “está relevando de responsabilidad al Ejército federal”, quien fue y aún es actor activo en operaciones paramilitares dirigidas a combatir la resistencia de los zapatistas y que ha causado una gran cantidad de muertes.
Comentó que el grupo que firmó la solución amistosa es una escisión de la organización social Las Abejas de Acteal, que no los representa y “está dispuesto a concederle al Estado lo que el Estado espera: un acuerdo amistoso y ahí muere, cuando el reclamo profundo no se ha cumplido. Ya hubo presos entre los perpetradores directos, pero ningún autor intelectual ha pagado cárcel”.
Señaló que “Las Abejas legítimas, las que siguen en Acteal y en resistencia”, aseguran que hay que insistir en la investigación de fondo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, debido a que durante el acto de este jueves, la subsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marta Delgado, afirmó que con el acuerdo se pone fin al proceso de la CIDH, debido a que el Estado reconoce su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas.
“Asumamos que este es un régimen diferente, pero el Ejército federal es el mismo y no estuvo presente en el acto o al menos no habló y no tomó ninguna responsabilidad del Estado, pero fue el Ejército federal el que propició toda esa situación”, cuestionó el escritor.
“Yo creo que este acuerdo es una prisa por liquidar un asunto que no está liquidado”, aseguró el autor del libro Acteal, crimen de Estado (La Jornada Ediciones, 2009). En este libro, Bellinghausen hace un recuento crítico de la matanza de 45 indígenas tzotziles ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Chenalhó, Chiapas, así como del contexto anterior y posterior a dichos sucesos.
“Ahora que está de moda juzgar a los ex presidentes, vamos contra Zedillo, que yo creo que es el presidente más genocida de los últimos tiempos y en la percepción popular no es así, pero él debe muchas vidas de indígenas, no solo en Chiapas, también en Oaxaca o en Guerrero”, dijo.
El periodista comentó que los hechos de violencia de los grupos paramilitares en Chiapas a finales de los años noventa “fueron decisiones de Estado, indirectamente”, ya que éstos hacían la guerra a nombre de un Ejército que estaba allí. Hubo una connivencia del Ejército con estos grupos e incluso participó en su armamento.
“La militarización actual en Chiapas es la misma”
Hermann Bellinghausen encuentra un paralelismo de la situación de aquella época con la actual, dado que la militarización es la misma y las comunidades siguen sitiadas por el Ejército federal. “La inacción de la Guardia Nacional y la policía es muy preocupante y yo dirá que sospechosa”, apuntó.
Para Bellinghausen el momento actual es muy grave. Puso de ejemplo la violencia parmilitar en Tila, Chiapas, con los descendientes del grupo ‘Paz y Justicia’, del que se demostró su asociación con el Ejército federal. También habló de la situación en Chenalhó, donde “un grupo paramilitar que viene de aquellos”, actúa desde Santa Marta contra comunidades como Aldama y Chalchihuitán.
“Lo que es alarmante es la forma en que operan, en la que disparan. Han causado muertes, heridos y desplazados en este momento. Hay gente pasando hambre, muchas privaciones, además de mucho miedo. Me llegan diario reportes de las balaceras que están sucediendo desde Chenalhó contra Santa Marta“.
“¿Dónde está el cambio?”, cuestiona Bellinghausen. “Estamos viendo lo mismo, son las mismas armas más otras, porque nunca se les confiscaron las armas a los paramilitares que actuaron en Acteal y ahora seguramente tienen más. Ahora entran otras variables como el narcotráfico, etc. Pero sigue siendo una operación militar que a mí me da la impresión que, salvo algunas actualizaciones, siguen vigentes los manuales de contrainsurgencia que se usaron entonces y que estaban inspirados en los del Pentágono”, puntualizó.
El Estado mexicano ofreció disculpas
Este jueves, el Estado mexicano ofreció una disculpa pública a las 45 víctimas mortales y a los 26 sobrevivientes de la masacre. El subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, actuó en representación del Estado en el acto solemne, que contó con la firma de un acuerdo de solución amistosa con las familias de 18 fallecidos y con 12 sobrevivientes, que incluye la elaboración de un documental de los hechos, así como una compensación económica.
Durante el acto llevado a cabo en el Salón Revolución de la Segob, Fernando Luna Pérez, uno de los sobrevivientes del ataque, aceptó la disculpa del Estado Mexicano y exigió que se juzgue a todos los autores intelectuales, como el entonces presidente Ernesto Zedillo, pues ello será la garantía de “no repetición” de este tipo de hechos.
Zedillo, quien es director del Centro para el Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale, fue designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para participar en un panel independiente que investigará la gestión de la pandemia de Covid-19 a nivel mundial.
Luna Pérez señaló también al entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y al exsecretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, por su responsabilidad en la matanza.
El gobierno mexicano, presidido por Ernesto Zedillo, inculpó en su momento a los 26 indígenas sobrevivientes, sin que existieran pruebas que lo sustentaran. Por ejemplo, los consignados dieron negativo en las pruebas periciales de restos de pólvora.
‘Las Abejas’ piden que la CIDH emita informe sobre la masacre
El martes de esta semana, Las Abejas y 44 organizaciones de 10 países demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que emita a la brevedad el informe sobre el caso, que fue llevado a dicha instancia en 2005 por esta organización social, así como por sobrevivientes y familias de los asesinados.
Exigieron al organismo que no considere cerrado el caso, tras el acuerdo de solución amistosa firmado ayer por el gobierno y un grupo de familiares de víctimas morales y sobrevivientes. Las Abejas mantiene su posición de que sea la CIDH quien indique al Estado mexicano cuál es su responsabilidad en la masacre, aunque respeta la decisión de quienes participaron en el acuerdo amistoso.
El Estado mexicano asume la responsabilidad y ofrece la disculpa pública por este suceso doloso e indolente pic.twitter.com/H0GqhukV0o
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 3, 2020