Gustavo Ampugnani urgió a un diálogo del gobierno federal con todos los sectores para determinar cómo estas empresas puedan tener en el país un rol determinante.
El “Acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” viola el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la participación en asuntos medioambientales, sostuvo Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México.
La semana pasada, la ONG ambientalista logró que el juez segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, suspendiera de manera provisional el acuerdo publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
“Lo que sigue es esperar unos días más, al 4 de junio. Tengo entendido que se tiene que dar una resolución definitiva por el amparo que presentamos hace unos cinco días. Lo que nosotros pretendemos es que el acuerdo del Cenace se declare inconstitucional”, expresó en entrevista para Aristegui en Vivo.
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Ampugnani indicó que otro objetivo que buscan con el recurso promovido es que todo lo que tiene que ver con políticas públicas y regulaciones en materia de energía observen el mandato constitucional de sustentabilidad para que estén dirigidos a disminuir las emisiones contaminantes del sector eléctrico.
“Estas políticas y estos acuerdos obviaron totalmente todo lo que tiene que ver con protección del medioambiente, sustentabilidad y reducción de emisiones provenientes del sector eléctrico”, manifestó.
“Otra de las cosas que pretendemos es que cesen las omisiones con respecto a medio ambiente y mitigación del cambio climático en el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado mexicano”, agregó.
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El director ejecutivo de Greenpeace México hizo un llamado para tener una transición energética en el país, y declaró que esto se logrará si el gobierno federal abre un espacio de diálogo con todos los sectores para determinar cómo las renovables pueden tener un rol determinante e importante en la matriz energética de la República Mexicana.
“Nosotros nos vimos obligados a interponer este amparo porque se están cerrando los pequeños espacios que había para poder promover y estimular las energías renovables y poder diversificar más la matriz energética con la que hoy por hoy cuenta México”, apuntó.
“Por supuesto que nadie está apoyando o aprobando que estos proyectos renovables tengan que implementarse a costa de los derechos de las comunidades, de los territorios y violando la ley”, agregó.
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El activista afirmó que la política y el acuerdo publicado el pasado 15 de mayo por las autoridades energéticas de alguna manera a futuro pueden llegar a dejar sin efecto la posibilidad de poder aumentar la participación de las renovables.
Aclaró que con las medidas que están tomando no quiere decir que la ONG avale todos los proyectos de gran escala de renovables que se han aprobado en el país, pues algunos de estos no se han hecho de manera correcta, principalmente porque ha generado una gran cantidad de conflictos ambientales, ya que no han demostrado ningún tipo de beneficio en las comunidades donde se están asentando.
“Nosotros no estamos defendiendo ese tipo de proyectos a gran escala. Lo que nosotros buscamos desde hace muchísimos años es la participación de las renovables de manera sostenible. Tiene que haber equidad social en la implementación de estos proyectos”, subrayó.
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“Lo que nosotros también estamos demandando al gobierno mexicano es abrir la puerta para trabajar de manera conjunta y determinar cómo sí deben jugar las renovables en el modelo energético del país”, reiteró.